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No obstante, hasta agosto de 2022, sólo se pudo confirmar vía telefónica la creación de 95 instancias, debido a dificultades técnicas. De esas 95, sólo 37 respondieron al cuestionario de la investigación, que evidenció que la de Oaxaca de Juárez se creó como instituto en 2006, mientras que otras se crearon hasta agosto de 2022. En 43 municipios no se han creado.
El informe del Congreso también señala entre sus hallazgos que sólo cuatro de las instancias municipales reportaron contar con refugios para mujeres víctimas, una de sus obligaciones estipuladas en la ley, se trata de las de Oaxaca de Juárez, Santiago Astata, Pinotepa de Don Luis y Loma Bonita, pero no puntualiza si existen recursos para su funcionamiento.
Nora ha sido titular de instancias municipales y en su experiencia, agrega, Oaxaca no es el único estado en donde a las instancias no se les da la relevancia debida; la situación es generalizada y ello se debe a que quienes están al frente desconocen los objetivos de las mismas.
La exfuncionaria lamenta la ignorancia de los cabildos sobre el funcionamiento de las instancias, pues se piensa que son espacios para la atención de la violencia o de asistencia social, cuando su función principal es la creación de políticas públicas para la atención de la violencia de género.
García Cancino agrega que no se destina un peso ni a los institutos ni a las instancias, pues se espera que funcionen con tequio de las mujeres aliadas; además, operan en oficinas poco apropiadas.
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La investigación del Congreso arroja que en 63% de los casos, los recursos vienen de los egresos municipales.
La ley dice que las instancias deben contar con inmuebles propios, pero en municipios como Tataltepec de Valdés y Santa Catarina Loxicha no los hay.
Por ello, el Congreso concluyó la necesidad de destinar una partida presupuestal para las instancias, capacitar al personal y garantizar el funcionamiento de las oficinas.
“Somos un estado con alerta de género y no hay presupuesto para capacitación y reeducación”, dice la legisladora Concepción Rueda.
Nora García puntualiza que el presupuesto es primordial para el funcionamiento de las instituciones destinadas a la atención, prevención y sanción de la violencia de género, además de la voluntad política para actuar con respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Y puntualiza que el objetivo de las instancias municipales es impulsar políticas de igualdad, y para una adecuada atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia.
Abogada de profesión, García Cancino ha trabajado en la fiscalía estatal; en su experiencia, 98% de los casos fueron por violencia de género: “Es importante recordar que lo que hace falta es voluntad política, para capacitar a los funcionarios, para que atiendan a las mujeres cuando van a denunciar, para que sepan qué hacer y hacer las acciones adecuadas para evitar que las denuncias de las víctimas concluyan en feminicidios”.
