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Sin embargo, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca rechazó sus peticiones; por lo que decidieron impugnar esta decisión e interponer el recurso de revisión contra una sentencia de primera instancia que les niega el interés legítimo para promover el amparo.
Ambas asociaciones aseguraron que la parte más débil del sistema procesal penal mexicano son los traductores e intérpretes en lengua indígena, quienes acompañan a los más desprotegidos, es decir, a las personas indígenas privadas de la libertad y en conflicto con la ley penal.
“Los jueces y fiscales los llaman cada vez que una persona indígena está en conflicto con la ley penal. En Oaxaca eso sucede a diario. Entonces los intérpretes viajan hasta los centros urbanos, sede de los juzgados, para hacer su importantísimo trabajo. Los intérpretes mixtecos viajan con frecuencia a San Quintín, y hacen su trabajo. Viajan sin seguridad social, sin prestaciones. No reciben un vaso de agua en los juzgados. Son apremiados por los jueces con multas”.
Esto, apuntaron, mientras que un intérprete del inglés al español cobra por hora hasta cinco veces más de lo que recibe un intérprete indígena.
“Por eso, para dignificar el trabajo de traductor e intérprete, la asociación de Intérpretes y Traductores Interculturales y Litigio Estratégico Indígena A.C. promovimos un juicio de amparo para obligar al Congreso de Oaxaca a construir la Ley de Traductores e Intérpretes Indígenas del Estado de Oaxaca, porque es necesaria una ley que dignifique el trabajo”.
En la demanda de amparo se explicó que Oaxaca por ser una entidad pluricultural tiene un alto número de usuarios indígenas del sistema penal (imputados y víctimas) que requieren de traductores e intérpretes en lengua indígena. No cuentan con seguridad social y pueden ser objeto de violencia.
El Juez Quinto de Distrito negó el amparo y por eso interpusieron el recurso de revisión que hoy conoce el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa de Oaxaca, y a través de 12 peticiones en lengua indígena piden a la ministra presidenta Norma Piña que la SCJN atraiga el caso.
