Durante todos estos años Rafael trabajó en la Dirección de Planeación e Información, adscrita al departamento de Estadística y fue la responsable de dicha área, Ermelinda Gracida Zárate, quien le notificó el 15 de febrero que estaba despedido, argumentando un cambio de administración. "Ya no te quieren aquí", le dijo.
Rafael argumenta que la terminación del contrato sucedió de forma ilegal, pues contaba con un nombramiento indefinido, por lo que se considera que se trata de un despido injustificado que el atribuye a discriminación y represalias.
El interprete explica que los actos de discriminación en su contra comenzaron a suceder desde septiembre pasado, luego que él denunciara errores en oficios emitidos por la administradora regional en Sola de Vega, donde los nombres del imputado y la víctima para un servicio de traducción, estaban invertidos.
Ante ello, el perito intérprete se quejó con la dirección correspondiente, por “la falta de seriedad y de responsabilidad de los funcionarios a cargo”.
"Desde entonces hubo discriminación en mi contra", denuncia el extrabajador, quien no ha podido interponer un recurso legal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCYA), ante la pausa de las actividades a la que obligó la emergencia sanitaria.
Ante ello, Rafael Pérez Hernández solicitó a las autoridades correspondientes a atender su caso así como el de otros trabajadores que han sufrido abuso de autoridad.
Recordó que desde el pasado 21 de febrero realizó una denuncia pública ante medios locales sobre su situación.
Lo anterior, desencadenó acoso en su contra, así como el bloqueo de su cuenta personal para acceder a sus recibos de nómina en el sistema del Poder Judicial, lo que le ha impedido, incluso, realizar su declaración anual.
"Después de la denuncia, hubo acoso hacia mi persona. Por eso le pido al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez”, que revise mi situación", insistió.