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Aunque participaron alrededor de 200 investigadores, tras las etapas de selección, se seleccionó a siete. De éstos, Eduardo fue el único mexicano entre ellos.
Desde hace un año, Martínez Gutiérrez investiga cómo acceden las personas indígenas al sistema de justicia. Para ello, además de la revisión documental, ha investigado a personas víctimas de delito que estuvieron en proceso judicial, pero además a jueces, ministerios, defensores públicos, líderes de la sociedad civil e intérpretes.
Entre los resultados de su investigación se revela que sólo el 1% de los jueces a cargo de procesos que involucran a personas indígenas cuentan con la preparación necesaria para ello.
Los intérpretes, señala, tampoco tienen la formación necesaria: “A los intérpretes no se les paga, enfrentan muchos dilemas, así como un sistema de justicia que los discrimina y jueces que los apuran. Tienen que viajar distancias largas para auxiliar a sus paisanos. No se les paga viáticos, ni seguros. Al estar en procesos de alto impacto, están en riesgo y evitan participar”.
La situación persiste a pesar de que existen leyes y tratados que protegen a la cuestión indígena, pues en la práctica hay cuestiones racistas y discriminatorias. “En Oaxaca en particular, por un lado, se aplaude lo indígena, pero en la cotidianidad a las personas indígenas se les discrimina”, detalla.
Tras la investigación, el trabajo de Eduardo emitirá recomendaciones para aplicarlas en el sistema de justicia oaxaqueño, para contribuir al acceso de las y los oaxaqueños de comunidades indígenas a la justicia, por lo que, con apoyo de los organismos, se afinarán estrategias para aplicarlas.
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