Después de tres años y medio de los feminicidios de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y de Pamela Terán, candidata a segunda concejal del Ayuntamiento de Juchitán, Istmo de Tehuantepec, así como del asesinato de su chofer, Adelfo Guerra, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) reconoció por primera vez fallas en la integración de la investigación.
Señaló que hubo “omisiones y responsabilidad de servidores públicos en el caso que comprende el feminicidio de dos víctimas y el homicidio de un hombre ocurridos en Juchitán de Zaragoza, el 2 de junio de 2018”, por lo que solicitó el “sobreseimiento parcial” del proceso contra J. H. C., uno de los principales autores materiales del triple homicidio.
Desde entonces, la activista y periodista Soledad Jarquín Edgar ha agotado instancias para exigir justicia para Soledad, la menor de sus hijas. Seis carpetas de investigación, sin avances, han marcado el caso.
Foto: Christian Jiménez
Tras diversas omisiones en la carpeta 512/21, el único presunto responsable fue liberado ante el “estado deplorable”, en el que se encontraba la investigación, señala la defensora.
En entrevista con
EL UNIVERSAL, Jarquín Edgar explica que la
FGEO, al mismo tiempo que pidió el sobreseimiento, abrió una nueva investigación.
Para la nueva carpeta, resalta, se aplicará el protocolo correspondiente por los feminicidios de ambas mujeres y el homicidio calificado del conductor.
Para Soledad la nueva investigación implica un deterioro del proceso, porque se perdieron pruebas importantes; además de que será complicado determinar el peritaje balístico, ante el tiempo transcurrido. También están extraviadas proyecciones digitales de las pruebas en la escena del crimen. “Hay elementos que se entregaron, como dos videos de negocios cercanos al lugar de los hechos, que también están desaparecidos, así como otras pruebas”.
Jarquín afirma que las omisiones en la investigación del feminicidio de su hija son responsabilidad del exfiscal Rubén Vasconcelos, quien presuntamente está vinculado con personas implicadas en el ataque.
Recuerda que días después de los hechos, Vasconcelos la contactó. La relación se rompió cuando se perdió la vinculación a proceso de uno de los implicados.
“Empezó a dar vueltas y a presentarme lo mismo cada que lo visitaba. La última vez que lo vi fue en febrero de 2020. Me queda claro que está protegiendo a alguien, pero hasta el momento no tengo claro a quién”, dice.
Sus colaboradores, sostiene, manipularon las pruebas del caso y estuvieron enterados de todo, entre ellos está el exvicefiscal y ahora magistrado Alejandro Magno González Antonio.
Sobre ambos funcionarios pesa una desmedida defensa hacia los hermanos Hageo y Francisco Montero López, responsables de la estancia de María del Sol en Juchitán, donde cubría la campaña de Hageo por órdenes de Francisco, su jefe en la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI).
Además, el caso sufrió múltiples retrasos so pretexto de la pandemia por Covid-19; una de las audiencias se retrasó hasta seis ocasiones. Rubén Vasconcelos continúa en la función pública, por ello Soledad teme que su influencia afecte negativamente la nueva investigación.
“Ahora hay una apertura por parte del fiscal [Arturo Peimbert], pero es muy fácil darse cuenta de si hay cambios a futuro. Espero que este fiscal cumpla con su función”.
Además de la nueva carpeta, hay otras por delitos electorales y uso de recursos públicos, contra los hermanos Montero; por el robo (a manos de un empleado de SAI) del equipo de trabajo donde María del Sol guardaba evidencia de la campaña política en la que fue obligada a trabajar; por el delito de corrupción, ante el Tribunal de Justicia Administrativa y una más de 2020 contra Rubén Vasconcelos y Araceli Pinelo, por obstrucción de la justicia. Ninguna muestra avances sustanciales.
El 24 de noviembre de 2020, Soledad acudió a una de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador; fue referida a la Secretaría de Gobernación (Segob) y luego a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), a cuya titular, Fabiola Alanís Sámano, le solicitó que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y que el caso fuera presentado al fiscal de Delitos Electorales, pero la funcionaria no atendió las peticiones.
