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La decisión del Comité, dijo, sienta un precedente histórico en el largo camino de ocho años y medio en la lucha por el acceso a la justicia, tras haber sido difamado, encarcelado de manera arbitraria y torturado con alto impacto en todo el tejido familiar, social y comunitario.
Esto, en un contexto de criminalización de la protesta social. El comité también resolvió que el Estado Mexicano debe garantizar acceso a la justicia y reparación integral del daño, incluyendo la no repetición de la criminalización en contra de pueblos indígenas.
Asimismo, exigió que así como se generó una campaña nacional para criminalizar a Damián Gallardo, ahora, se difunda con la misma magnitud la resolución y la verdad de lo que sucedió, “dignificando de esta manera a Damián Gallardo y su familia”.
Damián Gallardo estuvo detenido e incomunicado en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación.
El Comité de las Naciones Unidas señala que los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, y con asesinar a sus padres, y fue obligado a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión.
Con base en esta “confesión”, lo acusaron de participar en crimen organizado y de secuestro de dos jóvenes, sobrinos de uno de los “empresarios más importantes de México”.
Durante este tiempo Damián Gallardo, según el Comité de Naciones Unidas, fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día.
