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El crimen ni siquiera se siguió por oficio, la carpeta de investigación de Adriana forma parte de los 30 casos de crímenes de odio registrados en los últimos 15 años en el Istmo.
Fue a partir de este crimen, explica, que se tuvo conciencia como colectivo de la necesidad urgente de articularse en torno al acceso a la justicia sin discriminación. Fue la primera acción que realizaron, aunque no se logró avanzar en las investigaciones ni se obtuvo justicia.
De los 30 crímenes de odio documentados en el proyecto Transformándome, financiado por la Fundación Arcus, la mayoría no fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJO), hoy Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
En ocasiones por falta de confianza en la institución y en otras, por miedo a los agresores, como en el caso de Adriana, que se caracterizó por una serie de actitudes discriminatorias en la extinta procuraduría.
“Siempre hemos estado en la lucha, hemos llegado a los altos niveles. Para acceder a la justicia en estos casos hemos detectado barreras como la autoridad que no nos escucha y cuando lo hace, la familia teme.
El segundo caso emblemático que lograron posicionar a nivel internacional, gracias a la organización y a la fuerza del activismo muxe, fue el asesinato de Óscar Cazorla, el 9 de febrero del 2019, en Juchitán, al grado de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se pronunció para condenar el hecho. Además, se giraron medidas cautelares a integrantes de la comunidad muxe y testigos del caso y se establecieron mesas de trabajo para atender las exigencias de justicia.
El último caso, el de Marimar (Edgardo Santiago López), profesor de Huilotepec asesinado el 27 de agosto en Salina Cruz, volvió a reagrupar a las organizaciones de la comunidad en el Istmo de Tehuantepec.
En este caso, la familia sí demandó, por lo que es de los pocos casos de crímenes de odio en esta región que cuentan con una carpeta de investigación.
“A mayor visibilidad del activismo, más nos escuchan, pero eso no es garantía de que en realidad la justicia se aplique. Estamos en estos momentos, tanto las instancias judiciales gubernamentales como la comunidad muxe, en un proceso pedagógico de aprendizaje.
“Para nosotros el caso de Marimar es importante porque hemos logrado como comunidad que el máximo órgano de justicia en la región y el estado se siente cara a cara con la familia de una hermana muxe asesinada, para atenderla”, explica Amaranta Gómez Regalado.
