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Los servidores públicos demandados son José Ángel Díaz Navarro, secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca y Jorge Emilio Iruegas Álvarez, fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción.
Los funcionarios son acusados de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos; esto, informó, por la falta de constitucionalidad y legalidad con la que se han conducido como integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
“Este Consejo de Participación Ciudadana comunica a la ciudadanía oaxaqueña, que ante la clara violación a la ley, y el abuso de autoridad con la que han actuado los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca”, sostuvo.
De igual forma interpuso una queja ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado en contra de estos servidores públicos para que en el ámbito de su competencia, conozca respecto a las faltas graves que se han cometido por su actuar fuera de la ley.
El CPC ha denunciado que se les ha impedido ejercer el cargo pese que fueron elegidos por la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca a través de una convocatoria pública y su nombramiento es constitucional.
Esta obstrucción para que desempeñen sus funciones, afirmó, es un claro abuso de autoridad, violación a la Constitución Política de Oaxaca y violencia de género perpetrado por las autoridades que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, así como por su secretario técnico, José Esteban Bolaños Guzmán.
“La Constitución no es un documento subordinado a la voluntad política de los gobernantes en turno: su fuerza normativa obliga, y vincula, y en consecuencia la totalidad del ordenamiento jurídico, es decir, las normas infra constitucionales y los hechos, actos u omisiones, tanto de autoridades como de particulares, se encuentran compelidos bajo la supremacía Constitucional.
Finalmente exhortó al fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, hacer uso de su autonomía, para efectos de investigar los delitos por hechos de corrupción, que han cometido servidores públicos de esta administración.
