Gerardo López García, abogado del bufete jurídico López Thomas, explica a EL UNIVERSAL que el objetivo de estos amparos es servir como defensa en caso de que las autoridades sanitarias no proporcionen equipos necesarios de protección para ellos: “Al ver las carencias que están teniendo muchos integrantes del personal médico, decidimos abrir y regalar este tipo de procedimientos para su protección”, detalla.

Foto: Edwin Hernández
El abogado López García menciona que los trabajadores de salud han denunciado que las autoridades sólo les han entregado un cubrebocas, el cual ni siquiera se los cambian.
Por ello, se ven obligados a reusarlos, al igual que los guantes y las caretas. Además, al pasar gran parte del día en los centros de salud no tienen la posibilidad de comprar con su propio dinero estos insumos, o porque están agotados.
El argumento jurídico, explica, se basa en el derecho a la salud que está tutelado en el artículo cuarto de la Constitución federal: “El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud de todas las personas, más aún de quienes están en riesgo constante ante la presencia de esta enfermedad”.
Mientras en los dos primeros ya se ha puesto en aislamiento a trabajadores por riesgo de contagio, —además de que existe un amparo previo de médicos del ISSSTE—; en el HRAE los integrantes de la sección 96 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) exigieron el cierre del nosocomio ante la posibilidad de un brote entre el personal.
Al respecto, el abogado Gerardo López García señala que la salud tendría que ser prioritaria entre los diversos acuerdos que han tomado autoridades federales respecto a la pandemia, pues sí no se les garantiza el derecho a la salud, se pone en riesgo su integridad física, su vida, “por lo cual se les tienen que proporcionar todos los insumos de protección”.
Por el momento, explica el especialista, la justicia federal ha concedido la suspensión de plano para los amparos interpuestos por el personal de salud contra la omisión de las autoridades de Salud en proporcionarles el equipo.

Foto: Edwin Hernández
En casos como estos, los jueces han ordenado la entrega de los equipos de protección en un plazo de 24 horas, es decir, ese sería el margen que tiene la Secretaría de Salud (Ssa) y los directores de los hospitales para entregarlos y acreditar ante un juez que cumplieron con la sentencia dictada en la demanda de amparo.
En caso de que no cumplan, explica López García, existen los recursos legales en la Ley de Amparo para garantizar su exacto cumplimiento.
De no cumplir, tanto para Jorge Alcocer, como Donato Casas Escamilla, titulares de las secretarías de Salud federal y estatal respectivamente, se contemplan desde multas hasta una visita al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplimiento ante una suspensión.
“Las multas es una cuestión económica, pero la visita al Ministerio Público federal es por la comisión de un delito: incumpliendo de una suspensión dictada por un juez de Distrito y amerita prisión preventiva”, dice.
López García dice que, además, la gran mayoría de la gente no cumple con las medidas necesarias para evitar contagios y eso se refleja en el aumento de casos confirmados y los más expuestos son los trabajadores de la salud.
“Ellos están realizando una labor titánica, estando día y noche para cuidar a las personas enfermas, no es justo que se les esté explotando sin darles la adecuada protección”, finaliza.