Más Información
El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea y que también cuenta con la colaboración de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), nace a partir de un contexto social agravado desde 2017, cuando la situación migratoria de muchos de los países de acogida se agudizó.
Ese año, de acuerdo con la ACNUR, el 50% de menores de edad huyeron de sus países por la violencia. En 2017 fueron deportados 8 mil 108 menores migrantes que provenían de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Con el fenómeno de las caravanas migrantes, el flujo se incrementó significativamente y en 2019 fueron deportados 31 mil 717; un aumento del 392%. De estos, 32% viajaba solo y, en consecuencia, estuvieron expuestos a más peligros en el camino.
“A veces no tienen ayuda, llegan con un estado psicológico de shock, sufren de vulneración de sus derechos, muchas veces les quitan sus documentos o, sin el debido proceso, son retornados de sus países de los cuales vienen huyendo, y al regresar a su país sufren de una violencia peor de la que vinieron huyendo.
“Esta grave situación migratoria y la inflexible política estadounidense que tiene como principal objetivo el retornar a todos los migrantes ha complicado aún más las circunstancias de los albergues”, explica.
Inclusión Digna, menciona Silvya Guerrero, es un proyecto de protección, fomento y ayuda a niños, niñas y adolescentes migrantes para incidir en políticas públicas por medio del apoyo a los albergues de migrantes y al cumplimiento de los derechos humanos.
Tiene una vida de tres años, es decir, concluirá en marzo de 2022 con una posibilidad de sumar actores, albergues que estén dentro de la zona y albergues que sean de instituciones públicas.
“También lo que buscamos es incidir en políticas públicas a través de la ejecución del proyecto, por medio de la creación de cadenas de formación enfocados a quienes son defensores de los derechos humanos de los menores de edad migrantes, funcionarios públicos, y periodistas que quieran aprender cómo comunicar de mejor”.
Este proyecto contempla la implementación de un modelo educativo que pretende brindarle cierta dignidad en su estancia, a través de la formación con clases y atención psicológica.
Debido a la pandemia, el proyecto se tuvo que reestructurar porque los albergues operan a puerta cerrada y otros han dejado de funcionar de manera temporal, como es el caso del Comi. Por esa razón, se ha reducido sustancialmente la presencia desde menores migrantes en estas instalaciones.
