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El regreso a su comunidad de origen, donde dejaron hogares, tierras y cafetales, es una idea que no los ha abandonado, pero aceptan que ya no la realizarán. Son dos las razones que les impide regresar, explica Moisés Castañeda, quien desde los 18 años se bautizó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Moisés recuerda que el hostigamiento inició en el año 2000. El primer incidente ocurrió cuando un pastor de la Iglesia Adventista acudió a la comunidad para bautizar en el río a los creyentes, pero los topiles lo descubrieron, lo detuvieron y lo llevaron a la agencia; a partir de ahí, iniciaron las amenazas: Les dijeron que, si continuaban con esa fe, les iban a quitar la luz, amenaza que más tarde cumplieron.
En el año 2004 no sólo les cortaron la energía eléctrica, también el agua potable, el derecho a recibir atención médica en la clínica y hasta comprar en la tienda Conasupo.
“Así empezó a presionar el pueblo. Unas familias se fueron, desde entonces, cuando ya vieron que no tenían ni luz ni agua. Los últimos salieron cuando el pueblo empezó a amenazar más fuerte, ya con golpes y palos”, relata.
Foto: Juan Carlos Zavala
Las amenazas no sólo se dirigían a los pobladores que no eran católicos; también, eran dirigidas a cualquiera que tuviera una relación con ellos. Así, los estragos de la intolerancia se extendieron a otras personas.
“Si alguna tienda nos vendía algún producto, los dueños de esa tienda también eran obligados a salir del pueblo y a muchos les pasó así. Hay un amigo que no puede hablar, es mudo. Ese amigo no creía en la palabra de Dios, lo fuimos a visitar porque tomaba mucho; pero la gente vio que fuimos a visitarlo y nada más por la visita se fue pa’ fuera con su familia”, cuenta Moisés.
Un año después, en 2005, ocurrió el mayor desplazamiento de familias a causa de la intolerancia religiosa en Estancia de Morelos. Representantes de la Secretaría General de Gobierno (Segego), de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Policía Estatal acudieron a la comunidad para intentar conciliar.
Los demás lograron esconderse en una casa con puertas de metal que ya no pudieron abrir. Durante tres años, las familias desplazadas vivían en una casa grande de la que una asociación pagaba la renta en el municipio de Santa Lucía del Camino; después, se dispersaron y otros, al no adaptarse a las nuevas circunstancias, decidieron regresar aceptando las condiciones que les impuso la comunidad.
Aunque no existen cifras exactas de la cantidad de desplazados que existen en el estado de Oaxaca, datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indican que sólo en el periodo de 2016 a 2018 sumaron 3 mil 50 las personas que tuvieron que huir de su comunidad de origen a causa de alguna manifestación de violencia, lo que se considera como desplazamiento forzado, una violación a los derechos humanos.
En el año 2013, el gobierno de Gabino Cué compró una hectárea de terreno en Tlacolula, ahora llamado Paraje Geuroo , y la fraccionó para entregarlo a 14 de las familias desplazadas de Estancia de Morelos.
“A muchos les fue difícil adaptarse y por eso volvieron, yo en 2007, ya tenía jale [empleo] en el pueblo, mi otro carnal igual. Sí se extraña, quisiera volver, pero no porque se tiene que renunciar a su fe y se tiene que pagar su multa de 10 mil pesos, que fue lo que acordó el pueblo”, lamenta.
