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En este acuerdo, autoridades municipales e integrantes de la Copuda, arropados por la organización Flor y Canto, signaron un acuerdo con el gobierno federal en el que se establecieron cinco puntos para el aprovechamiento del acuífero.
Entre los puntos de acuerdo se estableció la armonización de derechos territoriales entre el Estado mexicano, a través de la Conagua, y las comunidades zapotecas integradas en la Copuda, estableciendo una nueva relación con los pueblos indígenas, así como el reconocimiento de la participación de las comunidades en la administración del agua subterránea del acuífero de Valles Centrales.
A casi un año de la firma de este acuerdo, denunciaron que "la Conagua y el Estado mexicano no muestran voluntad política para cumplir con lo pactado”, refieren en el material audiovisual que dieron a conocer.
“A 10 meses de la firma que se difundió en los medios de comunicación no se han hecho efectivos los compromisos, ello en perjuicio de las comunidades y sus respectivas poblaciones”.
Desde el año 2005, las 16 comunidades emprendieron acciones comunitarias y legales para revertir la sequía que azotó la región y dejó sin agua a la población, además de enfrentarse al abandono gubernamental.
Las acciones legales consistieron en la lucha porque se les reconozca sus derechos sobre el agua, mientras que las comunitarias se basaron en tareas a través de las cuales se recuperara el acuífero.
Estas labores derivaron en una consulta indígena, cuyo objetivo era reglamentar el aprovechamiento del agua en los Valles Centrales, luego de aquella intensa sequía que orilló a comunidades indígenas a abandonar sus tierras.
En 2019, esta consulta indígena llegó una de sus fases finales. Sin embargo, para continuar con este proceso por el que cada comunidad creará su propio reglamento para regular su acceso al agua, apegado a sus usos y costumbres, pero respetando la legislación vigente, necesitan este nuevo decreto.
