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Pese a ello, sostiene que existe debilidad institucional de la procuración de justicia en México por diseños organizacionales y legales inadecuados, la captura política y la propia corrupción interna.
Lo anterior, explica, porque los entes de investigación y persecución, como estas fiscalías anticorrupción, no tienen la capacidad humana, material, tecnológica y presupuestal; sobre todo, porque las fiscalías anticorrupción no fueron planeadas, sino sólo son reactivas a discursos políticos.
“El gran reto es judicializar investigaciones sólidas que soporten un juicio y ejercer constantemente acciones de extinción de dominio. Sin embargo, para lograrlo, es necesario dotarlas de las capacidades requeridas, profesionalizar a sus integrantes y abrir el monopolio de información financiera y fiscal que detenta la autoridad federal. Siendo necesario la voluntad política que permita esta la fortaleza institucional”, dice.
Iruegas recalca que la voluntad política y fortaleza institucional son pilares fundamentales en la consecución de un combate a la corrupción efectivo y eficaz.
“Esta voluntad política nace de la propia exigencia social, y a partir de ella se detona la fortaleza que toda institución pública requiere para cumplir a cabalidad sus objetivos; mientras que la fortaleza institucional se origina justamente de esa voluntad política para visualizar, pero sobre todo materializar, una Fiscalía Anticorrupción a plenitud de capacidades con recursos humanos (suficientes y capaces), materiales y financieros”.
“Es decir, pasaron más de 480 días a pesar de las múltiples solicitudes efectuadas, ocasionando no sólo que no se tuvieran los recursos necesarios y suficientes para el desempeño de las funciones de la Fiscalía Anticorrupción durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, sino que tampoco se respetó la independencia necesaria para el ejercicio de sus atribuciones sin ninguna presión indebida acorde a los instrumentos internacionales en la materia”.
A ello, menciona, se suma la pandemia, pues a partir del 23 de marzo de 2020 se dispuso que la fiscalía tuvo que seguir un plan de acción para poder cumplir con sus obligaciones.
“Si bien las acciones y logros pueden ser mejorables, el análisis y la evaluación del trabajo tendrá que tomar en cuenta las causas (no imputables a la Fiscalía Anticorrupción) por las cuales no se ha tenido hasta el día de hoy las condiciones suficientes para su operación”, finaliza.
