Los crímenes de alto impacto en el estado de Oaxaca van en aumento y la mayoría de ellos permanecen en la impunidad; algunas carpetas de investigación incluso se encuentran abandonadas o archivadas. Los casos sin resolver se acumulan en la Fiscalía General del Estado, a un año del actual responsable de la dependencia, Rubén Vasconcelos Méndez.
Tan sólo en el proceso electoral 2017-2018, son 27 los políticos asesinados, de ellos uno era precandidato y tres candidatos a un cargo de elección popular; pero antes del proceso electoral, en el primer año del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, fue el más violento y fatal para políticos en el estado, sobre todo para presidentes municipales, ex presidentes municipales y presidentes municipales electos, entre otros políticos asesinados.
En 2017, en Oaxaca ocurrieron el 37.03 por ciento de los asesinatos servidores públicos municipales registrados en los últimos ocho años. También el año pasado se cometieron crímenes de alto impacto en el estado y que atrajeron la atención de los medios de comunicación; suman un total de 18, según una revisión hemerográfica.
Apenas asumió Vasconcelos Méndez el cargo, ocurrió el enfrentamiento y desalojo violento en la agencia Vicente Guerrero de la Villa de Zaachila, que dejó como saldo una persona fallecida y más de un centenar de viviendas siniestradas.
De acuerdo con las autoridades auxiliares, la Fiscalía General ha abandonado los casos, no dio seguimiento a las investigaciones y dejó de buscar a Francisco Martínez Sánchez, “Don Panchito”, líder del Frente Popular “14 de Junio”, por quien ofreció un millón de pesos de recompensa y sigue prófugo.
En 2018, además del asesinato de políticos, destaca la desaparición de un periodista en la región del Istmo de Tehuantepec, quien sigue sin ser encontrado ni dado con los responsables de su desaparición; el 21 de enero, Agustín Silva fue visto por última vez y a la fecha no hay avances en las investigaciones; sus familiares reprochan que la instancia de procuración de justicia dejó de buscarlo.
El 27 de febrero fue ultimado a balazos en la ciudad de Oaxaca el empresario Pedro Francisco Silva Cancino, cuyo crimen también permanece impune.
La desaparición de cinco jóvenes originarios de Tlaxcala y uno de Oaxaca que habían acudido a San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, ocurrida a finales de marzo y principios de abril; hasta el momento no hay más datos al respecto.
En la impunidad también el homicidio del niño Edward en una clínica privada en la capital del estado, el 27 de noviembre de 2017; el 2 de abril fue detenido el médico Luis Alberto, pero tras quejas de organismos sociales y de profesionistas, que denunciaron errores en la Fiscalía, el juez de la causa determinó la liberación del galeno y el proceso se encuentra empantanado.
En la misma situación el asesinato y calcinamiento de miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el 20 de mayo de este año, en jurisdicción de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, tampoco hay avances.
El 30 de abril fue denunciada la violación de una bebé en Chilixtlahuaca, Huajuapan de León, y cuyo presunto agresor sigue prófugo; días después se corroboró que la hermanita de ésta también fue ultrajada sexualmente, tras lo cual detuvieron al hermano de la madre; no obstante, la progenitora de las niñas ha negado que su familiar sea el culpable.
El 2 de junio, el triple homicidio de la candidata a Síndico en Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán Pineda, la trabajadora de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), María del Sol Cruz Jarquín y el chofer Adelfo Guerra. Tampoco hay detenciones al respecto.
El homicidio del regidor de Ecología del ayuntamiento de San Juan Ozolotepec, Álvaro M. M., y el regidor de Agua del ayuntamiento de La Pe, Ejutla de Crespo, Francisco Domínguez Chonteco; así como el asesinato del dirigente del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales Cipriano de Jesús Paz de 32 años de edad, quien además, se desempañaba como coordinador de campaña del candidato a diputado federal de la coalición “Por México al Frente” en el distrito 06 con cabecera en Juxtlahuaca, José Alejandro López Sánchez.
El 25 de junio asesinaron a cinco militantes del Partido Morena en jurisdicción de San Vicente Coatlán; no hay información al respecto ni aprehensiones. Al día siguiente, fueron atacados cinco perredistas en Pochutla, de los cuales uno falleció posteriormente; la Fiscalía General detuvo a una persona el martes, pero los familiares de éste rechazan que sea el inculpado.
A esta impunidad, se agrega el hecho de que los delitos en general incrementaron un 48 por ciento en los primeros cuatro meses de 2018 en comparación con los ocurridos en el mismo periodo de 2017.
