Las nuevas autoridades municipales del Istmo de Tehuantepec tendrán como retos el combate a la inseguridad y la inestabilidad social, así como vigilar la reconstrucción, coincidieron representantes de la iniciativa privada.
Juan González Davar, presidente de la asociación de Profesionistas y Empresarios del Istmo (Proempi), por ejemplo, dice que las nuevas autoridades que gobernarán sus respectivos municipios a partir del 1 de enero deberán trabajar en la capacitación de los policías.
Lo anterior, explica, porque de los 570 municipios de la entidad sólo en cinco hay policías armados que pasaron el examen de control y confianza, y que cuentan con los recursos económicos del programa FortaSeg.
Mario Ramón Cisneros, coordinador de la delegación de agentes navieros del puerto de Salina Cruz, coincidió en que la seguridad será uno de los principales desafíos que enfrentarán las nuevas autoridades municipales, pues asegura que al generar miedo entre inversionistas desalienta la productividad.
Ambos dirigentes consideraran que las nuevas autoridades deben buscar una mayor coordinación con los gobiernos estatal y federal para disuadir a la delincuencia, a partir de capacitación policiaca y el uso de tecnología, como cámaras de seguridad.
Juan Gilberto Prado, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Juchitán, agrega que las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de atacar frontalmente el problema.
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Piden estabilidad
Los representantes del sector privado del Istmo también coincidieron que otro desafío será generar las condiciones de estabilidad social para desalentar los bloqueos de carreteras que realizan los grupos sociales y las comunidades.
Para el coordinador de la delegación de agentes navieros de Salina Cruz, los constantes bloqueos sobre las carreteras Transístmica y Panamericana provocan severas pérdidas económicas al comercio y retrasan los envíos de mercancías, situación de “prioritaria atención” con la llegada de la Zona Económica Especial de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, que incrementarán el tráfico de mercancías hacia los puertos de Oaxaca y Veracruz.
Las nuevas autoridades, coincidieron Juan Gilberto Prado y Juan González, deben impulsar acuerdos políticos con todos los grupos sociales y con el gobierno estatal para que se atiendan con prontitud sus demandas y no lleguen a los bloqueos.
Reconstrucción. Para los empresarios, también es necesario que las nuevas autoridades contribuyan con gestiones ante los gobiernos estatal y federal para que avance la reconstrucción y se reactive la economía regional.
Tan sólo en el municipio de Juchitán, señala el dirigente local de la Canaco, tras el terremoto del 7 de septiembre se perdieron 800 unidades económicas de las mil 800 que existían hasta antes de los sismos de ese mes.
Además, también colapsó la red de drenaje, por lo que quien asuma la presidencia municipal tendrá el reto de rehabilitarla integralmente; así como impulsar la operación de la planta de tratamiento de residuos sólidos, donde se invirtieron más de 70 millones y que prácticamente están “tirados a la basura”, señalan.
