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En específico, señala que los gastos por concepto de telefonía, telefonía celular, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, necesarios para cumplir la función de cada dependencia y organismo, no podrán exceder los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos y precios y tarifas oficiales o la inflación.
También dispone que únicamente los titulares de las dependencias y entidades podrán disponer de personal que se desempeñe como secretario particular y chofer; y que la contratación de servicios de consultoría, asesoría y de todo tipo de despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, o cualquier tipo de análisis y recomendaciones, se realizará exclusivamente cuando las personas físicas o morales que presten los servicios no desempeñen funciones similares, iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, no puedan realizarse con la fuerza de trabajo y capacidad profesional de los servidores públicos y sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados.
Salomón Jara señala en su propuesta que los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades que permitan el cumplimiento de las funciones de los entes públicos, que las adquisiciones y arrendamiento de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación, y que los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo serán destinados a actividades de seguridad, protección civil o salud, y los que no cumplan con estas funciones serán enajenados.
El gobernador argumenta en su iniciativa de Ley Estatal de Austeridad Republicana que cumple con el compromiso de “revertir la degradación y combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de los bienes y recursos estatales, administrando el dinero público con eficiencia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos de transformación a los que están destinados”.
