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Esto, sostiene en entrevista con EL UNIVERSAL, “pareciera una simulación de que está abierta la participación democrática”.
“Es un tema de no abrir totalmente el derecho ciudadano. Hablamos de partidos, pero quienes conforman un partido: pareciera que únicamente lo conforman intereses personales, no del ciudadano. Eso queda claro y demostrado, por eso no están abonando a un interés por un bienestar social o común o ciudadano”.
Eloy Ramírez Hernández, otro aspirante a candidatura independiente, lamenta que los requisitos del IEEPCO para los ciudadanos “son casi imposible de lograr, además de que no se les otorgan los mismos beneficios que a quienes participan a través de partidos”.
Los problemas empiezan, coinciden, desde su registro ante el órgano electoral, pues tienen que constituir una asociación civil (la cual tiene un costo ante notario público de entre los 10 mil y 15 mil pesos; también deben abrir una cuenta bancaria con un monto mínimo de 5 mil pesos, y registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las peores trabas llegan a la hora de recabar el apoyo ciudadano. Según los lineamientos del IEEPCO, deben obtener al menos 2% de apoyo ciudadano en relación al padrón, que debe ser representativo de cada uno de los sectores electorales del municipio o distrito por el que buscan contender.
Los aspirantes deben recabar este apoyo ciudadano a través de una aplicación de celular diseñada por el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo electoral que no ofrece acompañamiento técnico; con esta herramienta, deben obtener datos biométricos y una foto de la credencial de elector, lo que les genera desconfianza a las ciudadanos para brindar su apoyo por temor a que les roben su identidad o hagan mal uso de sus datos.
Las dificultades no acaban ahí. Cuando inició el proceso para recabar las firmas, el IEEPCO sólo le autorizó el uso de cinco celulares para recabar firmas; hasta la mitad del periodo le autorizó 25 celulares y a punto de acabar el plazo que vence este 31 de enero, le autorizó usar 50 celulares. Además, los aspirantes no deben gastar más de ocho mil pesos para recabar las firmas, pues deben comprobarse ante los órganos electorales.
Las trabas se acumulan en cada requisito del IEEPCO. Pero el más grave, opina Ricardo Morales, es la desinformación en la ciudadanía sobre qué significa solicitar el apoyo ciudadano, algo en sobre lo que le correspondería informar a los órganos electorales.
“Para poder recabar el apoyo ciudadano, uno tiene que hacer la tarea de organismos electorales: tomarse hasta 40 minutos para explicarle a cada persona en qué consiste, cómo se recaba y con qué fin. Cuando ya les explicas, te preguntan qué propones como candidato para decidir si te brindan el apoyo o no, pero no les puedes decir tus propuestas, porque incurres en actos anticipados de campaña.
“Hemos encontrado, primero, que existe una gran desinformación en la ciudadanía en donde quizá 0.001% sabe en qué consiste el apoyo ciudadano, 10 de 10 no lo saben, 1 de mil podría enterarse, pero no sabe a profundidad en qué consiste y esto imposibilita aún más cumplir los requisitos que nos piden el INE o el IEEPCO para ser candidato”, detalla.
Así, por ejemplo, explica que el apoyo ciudadano no compromete a la ciudadanía con su voto. No es una afiliación porque no es un partido y se hace mediante una app (antes se podía hacer un escrito firmado y copia de la credencial).
A los casi imposibles requisitos, dice, se suma que los órganos electorales no tomaron en cuenta la pandemia, así que aunque las leyes les permiten realizar mítines, reuniones y asambleas para recabar apoyo ciudadano, esto está prohibido porque pueden ser fuentes de contagio. “Nos obliga prácticamente a ir casa por casa; hace más lento el proceso y no reduce el riesgo de contagio”, apunta.
“Pareciera que está abierta la puerta o la percepción que se genera es que al menos existe la posibilidad de la vía independiente, para que la ciudadanía aspire a un cargo público, cuando en la realidad es imposible”, finaliza.
