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La resolución de ambos órganos electorales locales, según lo establece el acuerdo de la Sala Xalapa del TEPJF, debe emitirse en un plazo no mayor a siete días.
En conferencia de prensa, Escamilla Villanueva manifestó que han transcurrido seis meses desde que fue destituida del Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez el 26 de mayo pasado, y ninguna autoridad ha sido capaz de emitir medidas cautelares o de protección satisfactorias.
Las medidas cautelares aprobadas por la Sala Superior del TEPJF, dijo, nunca fueron debidamente cumplidas por ninguna autoridad del estado.
También denunció que el 25 de junio, el agente del ministerio público de la Mesa Uno de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Luis Martínez García, de manera ilegal concedió al edil Oswaldo García el acceso a la carpeta de investigación que existe en su contra.
“Las autoridades locales no han sido eficientes en garantizarme el acceso a la justicia. Ya sea por ineficiencia institucional, corrupción, conflicto de intereses, desconocimiento o por las complejidades a las que se ha enfrentado por la nueva reforma en materia de violencia política contra la mujer en razón de género”, aseguró.
Pese a ello, apuntó que uno de los logros de su caso es que se consiguió un criterio relevante para todas las mujeres en la función pública; es decir, el reconocimiento de que las funcionarias pueden acudir a las autoridades electorales a denunciar actos de violencia política contra la mujer en razón de género.
“Así que les gritamos con fuerza para que nos escuchen: estamos atentas a su resolución de justicia o injusticia según sea el caso y que depende de ustedes que las mujeres políticas de nuestro estado caminemos con pasos seguros, sin temor a que en cualquier momento vendrá un Oswaldo cualquiera, con sus cómplices, dispuestos a solapar lo que es evidente que ya no debe existir”, finalizó.
