“Hemos determinado que al menos 439 funcionarios estuvieron trabajando en horas y días hábiles en las tareas de recolección de firmas, como se identificó que el pago de los auxiliares fue de 4 mil pesos, nos lleva a sancionar por el monto más alto pagado por cada uno de ellos”, indicó Murayama.
En esa primera transacción, se dio cuenta de un millón 756 mil pesos; pero se le encontraron otros 4 millones 674 mil 250 pesos que supuestamente aportaron 19 ciudadanos, pero que, de acuerdo con informes bancarios, pertenecían a empresas.
“Encontramos que había casos donde esas aportaciones, legítimas en principio, estaban antecedidas por empresas que metían dinero a la cuenta de una persona, y esa persona la movía a la Asociación Civil del ahora candidato”, precisó el consejero.