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“No hemos tenido denuncias directas de la ciudadanía, pero con base a las facultades que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, iniciamos estas investigaciones. Se han hecho entrevistas, inspecciones en el lugar donde se denunció anónimamente y otras por publicaciones de medios de comunicación”, dijo.
Todas las investigaciones se concentran en la región del Istmo de Tehuantepec; hasta el momento dijo, no se tiene ninguna indagatoria sobre el probable delito electoral con los damnificados de los sismos en otras regiones del estado.
Uno de los servidores públicos que aparece en uno de los videos es la presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez López, surgida del PRD, quien en las imágenes se observa como alguien de su personal recoge la credencial de elector de la persona damnificada mientras la edil le entrega directamente una despensa.
Otro de los funcionarios señalados por lucrar con la tragedia es el diputado local por el PRI, Samuel Gurrión, quien rotuló con su nombre las bolsas de los apoyos a damnificados, en tanto que las personas que le acompañaban también llevaban playeras rotuladas.
Aracely Pinelo dijo que el delito electoral no es considerado grave; pero que en el caso de un servidor público sea el responsable, la penalidad va de tres a nueve años de prisión; si es un ciudadano, la penalidad va de tres meses a tres años de prisión.
