La militarización total de la Guardia Nacional ya no es un fantasma: está en marcha. El pasado 5 de junio, la Consejería Jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, envió al Congreso una iniciativa para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional y modificar ocho leyes más que regulan a las Fuerzas Armadas. El objetivo: burlar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consolidar el mando militar de una fuerza que nació —al menos en el discurso— con carácter civil.
¿Por qué expedir una nueva ley si ya existe una aprobada en el sexenio de López Obrador? La respuesta es tan transparente como alarmante: porque en 2023 la Corte declaró inconstitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) controlara directamente a la Guardia Nacional. Pero lo que fue inconstitucional hace dos años hoy vuelve con fuerza, disfrazado de “reforma integral”, y con el respaldo previsible de una Corte que pronto tendrá mayoría morenista.
La ley vigente establece que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, civil, disciplinada y profesional, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La nueva iniciativa elimina por completo esa adscripción. Sustituye a la Secretaría por la Sedena, borra cualquier rastro del mando civil y reconfigura a la Guardia como una “fuerza permanente” compuesta por personal militar con formación policial.
Ya no será “institución”. Será “fuerza”. Ya no será “civil”. Será “militar”. No es solo un cambio de palabras; es una transformación legal de fondo, que convierte a la Guardia Nacional en parte de las Fuerzas Armadas, violando el pacto constitucional que reserva a la autoridad civil el control de la seguridad pública.
¿Por qué cederle este poder a la Sedena justo cuando Omar García Harfuch, el todopoderoso secretario de Seguridad de Sheinbaum, apenas comienza su gestión? ¿Quién empujó esta decisión? Harfuch podrá seguir saliendo en las mañaneras, hablando de estrategias y cifras, pero sin el control de la Guardia Nacional, su rol es decorativo. El poder real estará en los cuarteles.
La nueva ley también militariza hasta el último eslabón de la cadena operativa. Se elimina la jerarquía de comisarios e inspectores para instaurar grados castrenses: generales, jefes, sargentos, cabos y soldados. Se trata, sin ambigüedad, de una fuerza armada más. Y para legalizar este movimiento, se propone reformar leyes tan relevantes como la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, para establecer que la Guardia Nacional participará “en la defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación”.
La intención queda al desnudo: integrar plenamente a la Guardia como brazo operativo de la Defensa Nacional. Una guardia que ya no protege ciudadanos, sino que vigila territorio. Ya no una institución de paz, sino un cuerpo armado con legitimidad jurídica para asumir funciones que le pertenecen a la autoridad civil.
Fuera máscaras. Lo que en 2023 fue declarado inconstitucional, hoy regresa con el aval del nuevo régimen, bajo una estructura jurídica pulida, pero con los mismos vicios de origen. Claudia Sheinbaum tiene ante sí una oportunidad histórica para romper con el modelo autoritario de seguridad militarizada. Pero su primera gran jugada, paradójicamente, reafirma el camino contrario.
Militarizar no es modernizar. Convertir a los soldados en policías no garantiza justicia, ni paz, ni derechos. Solo deja al ciudadano más lejos del Estado y más cerca del miedo.
