La Guardia Nacional ha tomado el control del C4 de Acapulco, en medio de acusaciones por la filtración de imágenes sensibles y la supuesta eliminación de grabaciones relacionadas con asesinatos y quema de vehículos, con el fin de ocultar la imparable ola de violencia que sacude al puerto.
Según se anunció en conferencia de prensa, 140 elementos federales remplazarán en el manejo de cámaras de vigilancia a los policías municipales que se hallaban a cargo del sistema. La alcaldesa morenista Abelina López, investigada por la Auditoría Superior del Estado por el manejo irregular de 898 millones de pesos destinados a obras públicas, pierde ahora el control del centro de comando de Acapulco.
López comentó solo que la medida obedecía a “un acuerdo”. La realidad es que la desconfianza de las fuerzas armadas ante la infiltración del crimen organizado en la estructura policiaca del puerto, hizo que esta intervención fuera considerada como impostergable para evitar que el C4 actuara como los ojos del crimen organizado.
El 10 de enero de 2023 fue acribillado desde una motocicleta, a plena luz del día y en los alrededores de la Secretaría de Seguridad Pública, el exdirector de la policía municipal Samuel Buenfil Espinoza. El funcionario recibió 15 disparos.
Meses antes había denunciado ante la fiscalía y ante la delegación regional de la Comisión de Derechos Humanos la infiltración de gente ligada a grupos delincuenciales en los altos mandos de la Secretaría.
De acuerdo con la denuncia presentada por el exdirector de la municipal, tras su llegada al cargo en octubre de 2021 removió a un comandante de compañía, a dos comandantes de sección y a la persona que se hallaba encargada del despacho, porque sabía que todos ellos estaban vinculados con el crimen organizado.
Según Buenfil Espinoza, “una persona externa” se le acercó un día y le ofreció 50 mil pesos semanales. “Pero necesito que me acomode algunas personas en diferentes áreas”, le dijo. El funcionario se negó.
Abelina López acababa de llegar a la presidencia municipal y había nombrado al capitán de corbeta Maximiliano Serrano Pérez como secretario de seguridad pública. Serrano Pérez fue el mando involucrado en la desaparición de dos marinos que fueron comisionados de manera irregular, por órdenes de la alcaldesa, como escoltas del entonces senador de Morena José Narro Céspedes.
Una semana después de que Samuel Bonfil rechazara el soborno, el secretario Serrano Pérez presentó como nuevos jefes operativos precisamente a las personas que le habían pedido acomodar.
Su relación con el secretario, se lee en la denuncia que interpuso ante la CNDH, se volvió cada vez más tensa. El secretario exigía la entrega de una parte del sueldo de los municipales para cubrir los salarios “de los nuevos”, ya que el Ayuntamiento “no tenía el recurso”.
El funcionario se negó y fue removido por Serrano del cargo como director de la municipal. A los pocos días, los personajes que Buenfil había removido por sus nexos con el crimen organizado fueron reinstalados en sus puestos.
Buenfil pidió audiencia a Abelina López, pero nunca se la dio “por carga de trabajo”.
Poco a poco fue acorralado. Le solicitaron que entregara su arma. “Tengo el temor de que por haber ejercido el cargo de director y haber realizado cambios positivos, las personas que ahora se encuentran ejerciendo un cargo y que están inmiscuidas con la delincuencia organizada puedan atentar contra mi persona”, denunció. En su queja ante la CNDH, Buenfil señaló “como responsable de todo lo que me pueda ocurrir a mí y a mi familia” al capitán de corbeta Serrano Pérez.
A dos semanas de haber presentado la queja, su escolta fue asesinado. “Era para mí esa acción”, declaró. A los pocos días quemaron su coche, un Honda Accord, a las puertas de su casa.
Buenfil recibía un arma al llegar a trabajar y debía desarmarse al terminar la jornada.
Maximiliano Serrano fue removido por el escándalo de la desaparición de los marinos y por acusaciones de corrupción en el cuerpo policiaco, la cual fue denunciada de manera pública por la propia alcaldesa. Tenía más de 20 expedientes abiertos. La policía municipal exigía sobornos de hasta 100 mil pesos.
En una de sus denuncias, el exdirector dijo que le habían informado que “una persona tiene órdenes de que le den piso”. A resulta de sus denuncias, las autoridades accedieron a devolverle el arma.
Lo mataron a la luz del día. Meses después fue asesinado el director de la policía vial. En ese momento, Abelina López solicitaba licencia para buscar la reelección (que finalmente obtuvo).
A finales del año pasado, con gran hermetismo, se anunció que uno de los autores materiales del asesinato de Samuel Buenfil había sido vinculado a proceso. El trasfondo continúa en la oscuridad. La misma oscuridad que desde hace más de tres años envuelve el caso de Óscar González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, los marinos desaparecidos.
