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De la población indígena encarcelada, 91.5% enfrenta cargos por delitos contra la vida y la integridad corporal (homicidios y lesiones), contra la libertad sexual (violación y abuso sexual, entre otros), el patrimonio (robos) y la libertad personal (secuestros y privación ilegal de la libertad).
La discriminación, la falta de armonización entre el sistema jurídico y los de usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como la carencia de leyes en la materia son los principales factores que obstaculizan el acceso a la justicia de este grupo de la población, señaló Robledo Flores.
“El racismo y la discriminación es estructural, no sólo está en las instituciones del Estado sino en la sociedad. Se requieren andamios para hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, tanto en lo individual como en lo colectivo”, indicó.
De 2012 a la fecha se han registrado 201 quejas por personas indígenas que fueron encarceladas injustamente, indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sobre este tema, la CNDH ha emitido 13 recomendaciones en lo que va de esta administración, entre las que destacan el secuestro de un líder nahua en 2012, la privación al acceso de servicios básicos a pobladores del ejido Chingtón, en Chiapas, por falta de pago de cuotas a autoridades ejidales, así como la inadecuada atención a una mujer maya de 41 años que estaba embarazada.
Resaltó que el nuevo sistema de justicia penal tiene herramientas para evitar el encarcelamiento injusto de miembros de pueblos originarios, como es el que se grabe la audiencia, con lo que queda documentado si el acusado tuvo o no un intérprete, para evidenciar las irregularidades.
“Su correcta implementación puede derivar en mejoras sobre la protección de derechos. Las garantías están, las condiciones están, pero si no hay voluntad del Poder Judicial para cambiarlo, poco se va a hacer frente a las garantías de los pueblos indígenas”, dijo.
“El Estado mexicano no se está haciendo cargo de la marginación que enfrentan los grupos indígenas, puesto que no está haciendo valer sus derechos. Tenemos que continuar trabajando en el reconocimiento de las garantías de este sector de la población para reducir la brecha entre lo establecido en la ley y su implementación”, enfatizó.
