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Resultado de pugnas al interior del Cártel de Sinaloa, el estado experimentó de 2014 a 2017 la peor crisis de violencia, ubicándose el año pasado en el segundo lugar nacional con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 69.15 casos. Producto de esto, el fenómeno de personas desaparecidas ha ido en aumento sin que haya una cifra unificada de datos.
En abril de este año, la PGJE realizó dos jornadas para toma de muestras a familiares de personas desaparecidas y con ello sumarse al Banco Nacional de Muestras de Genética de Identificación Humana a las cuales acudieron 89 personas; todas ellas buscan a por lo menos un familiar desaparecido. La cifra de víctimas es imprecisa en el estado.
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La falta de datos reales y la impunidad dificultan la eficiente búsqueda y aplicación de la justicia, señala Volga de Pina Ravest, especialista en Derechos Humanos e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
“En México priva un desconocimiento del número real de desaparecidos. Se sabe que son mucho más de 38 mil —según la cifra oficial— y mucha gente tiene mucho miedo de denunciar”, refiere Volga de Pina.
Indica que los no localizados sufren también de una “desaparición administrativa”, porque las instituciones no operan eficientemente y hay registros confusos entre carpetas de investigación y víctimas.
En tanto, la investigadora Lorella Castorena, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), coincide en que la ausencia de datos ha sido persistente en la entidad. “De fondo, lo que hacen las autoridades es invisibilizar a los desaparecidos, al no establecer registros precisos. Evaden así su responsabilidad de atender las desapariciones. Para ellos no existen”.
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El abogado Arturo Rubio Ruiz, presidente del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito —una asociación civil local— dice que en Baja California Sur los familiares de personas desaparecidas deben lidiar con el nulo interés de las autoridades, como pasa en el país.
Reflejo de ello, asegura, es el rezago en las investigaciones y atención a víctimas, así como la falta de armonización de leyes.
De acuerdo con la ley general en materia de desapariciones, publicada el año pasado, las entidades tenían hasta el 15 de julio de 2018 para emitir leyes locales o armonizar las existentes. Baja California Sur incumplió en ambos casos, y por lo tanto, tampoco cuenta con una comisión local de búsqueda.
Para Rubio Ruiz, se requiere mayor presupuesto y de un órgano desconcentrado para la atención a víctimas, pues hoy la comisión estatal está dentro de la estructura de la Procuraduría de Justicia.
