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La vicepresidenta del CEDAW, Magalys Arocha, señaló en rueda de prensa que el diálogo con la delegación mexicana multisectorial ha sido "muy activo y constructivo" en medio de unas "muy complicadas condiciones" en el país en lo que se refiere a la situación de las mujeres, que es "mala".
El Comité reconoce los esfuerzos de México para "superar el clima general de violencia y promover los derechos de las mujeres".
No obstante, lamenta que los "persistentes altos niveles de inseguridad, violencia y del crimen organizado, así como los retos asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten negativamente al disfrute de los derechos de las mujeres y niñas", entre ellas las indígenas y las afromexicanas.
Según dijo Arocha, el Comité quiere que se haga a partir de este examen a México un seguimiento de los esfuerzos del país especialmente en el campo de la violencia basada en el género.
En este sentido pide a México que "adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y desapariciones forzosas de mujeres, lo que incluye hacer frente a la raíz del problema como son la violencia, la violencia armada, el crimen organizado, el narcotráfico, estereotipos discriminatorios y la marginalización" de la mujer.
Igualmente piden los expertos de la ONU al Estado mexicano que vele por que "se investiguen, procesen y sancionen adecuadamente a los autores" de actos de violencia contra la mujer, lo que incluye a los actores estatales además de los no estatales.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de 2014 a 2017 hubo mil 413 mujeres asesinados en el Estado de México, de las que sólo 236 fueron investigados como feminicidio.
Asimismo considera importante el CEDAW que México simplifique y armonice los procedimientos a nivel de los estados para activar el mecanismo "Alerta Amber" y del Protocolo Alba, que ayuda a localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos o que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave.
Para el Comité es esencial que "se acelere la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas y se adopten medidas y protocolos especiales para mitigar el riesgo asociado con las desapariciones, tales como el feminicidio y el tráfico de mujeres y niñas con el propósito de la explotación sexual y el trabajo forzado.
Igualmente pide a México que armonice y amplíe la aplicación y la coordinación a nivel federal, estatal y municipal de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, y que asegure la participación en el mecanismo de ONG, la academia y de defensores de los derechos humanos.
