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Al difundir su informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, que busca que las administraciones federal, estatales y municipales cuenten con evidencia e información para la elaboración, monitoreo o evaluación de sus planes y programas de gobierno, se indicó que la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo la mayor reducción entre 2008 y 2016, seguida de la carencia de calidad y espacios de la vivienda.
El organismo autónomo informó que entre 1992 y 2016, el ingreso promedio ha tenido fluctuaciones que no han permitido mejoras permanentes en el bienestar de los hogares y las crisis económicas en este periodo, entre otros factores, se han traducido en un crecimiento económico promedio anual de 2.4 por ciento, lo que representa sólo 1.3% en términos per cápita.
“A nivel de los hogares, si bien el poder adquisitivo del ingreso laboral se incrementó 8.6% entre 2014 y 2016, éste se redujo 10.6% entre 2005 y 2017. A esto se suma que el alza inflacionaria reciente, que en 2017 alcanzó 6.77%, ha provocado una disminución en el poder de compra de los hogares de 2.5% en ese año. Aunado a lo anterior, la desigualdad en la distribución del ingreso se ha mantenido elevada y no se observan factores económicos, como una mejora en la productividad, que permitan suponer un cambio en esta tendencia”, informó.
En este sentido, algunos grupos de la población, como los jóvenes entre 15 y 29 años, son quienes tienen mayores dificultades para insertarse en empleos formales, por lo que en 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9%, se encontraban en empleos informales.