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La mañana del 6 de mayo, un grupo de hombres fuertemente armados recorrió los municipios de Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, en Chihuahua. A su paso, el comando dejó vehículos, locales comerciales y seis viviendas calcinadas. También acribilló a ocho personas; entre ellas la perredista Liliana García, candidata a regidora en Ignacio Zaragoza.
Que un grupo con armas de grueso calibre esté detrás del asesinato de aspirantes y candidatos ha sido constante en este proceso electoral. Según el recuento hemerográfico, de las 36 muertes, 18 se han atribuido a comandos con estas características. Además de Chihuahua con dos casos, el modus operandi se repite en Guerrero (6), Jalisco (3), Guanajuato (2), Oaxaca (2), Puebla (1), Michoacán (1) y Colima (1).
En otros cuatro los cuerpos fueron hallados con heridas de bala, en dos casos la víctima mostraba signos de tortura; en otro, fue levantada, según testigos, y en uno más el cadáver apareció desmembrado. Del resto de crímenes, seis fueron cometidos por una pareja de asesinos que dispararon a quemarropa y dos murieron por arma blanca.
Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, Zihuatanejo fue escenario del asesinato de tres políticos locales: Miguel Solorio Figueroa, Mariano Catalán Ocampo y Homero Bravo Espino. Los tres aspiraban a gobernar este municipio, uno de los principales polos turísticos de la entidad y considerado entre las ciudades más violentas del país.
Estas tres muertes entran dentro de una tendencia que se repite. Aquellos que buscan cargos municipales son los más vulnerables, pues de acuerdo con las cifras, 21 de los 36 aspirantes ultimados pretendían gobernar un municipio; de ellos, cinco ya eran oficialmente los candidatos. Además, ocho de las víctimas iban por una diputación local y una aspiraba a una curul federal; el resto buscaba otros cargos como regidurías.
Según el doctor Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el proceso electoral es el momento coyuntural en el que los grupos del narcotráfico buscan cooptar a quienes aspiran a convertirse en autoridades, generalmente mediante “la ley de los metales” plata, o plomo. “Lo que van a buscar los grupos del crimen organizado son personas que les puedan servir para protección, para que les permitan actuar y los protejan de sus rivales”, detalla.
Explica que hay distintos escenarios en los que se puede enmarcar el asesinato de un aspirante o candidato. En ocasiones, dice, los crímenes se deben a que el po- lítico da protección a ciertos grupos, por lo que se vuelve un obstáculo para los rivales que disputan el mercado.
Una segunda posibilidad es que los homicidios se deban a que los candidatos en verdad se nieguen a ser cooptados por el crimen organizado, por lo que se convierten en traba para sus actividades ilegales, relacionadas con la disputa de los mercados locales.
Agrega otros escenarios: uno en el que los aspirantes en algún momento trabajaron para los grupos delincuenciales, pero no cumplieron con lo pactado, lo que origina el crimen. Y otro más en el que las propias autoridades locales, muchas veces ya cooptadas por el narcotráfico, están detrás de crímenes políticos.
