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Demorar su entrega, advirtió el ombudsman, por trabas o procedimientos burocráticos constituiría en su caso un acto que vuelve a victimizar a los damnificados y que puede representar una violación a sus derechos humanos.
“La tragedia de nuestros compatriotas no puede ser objeto de intereses coyunturales, políticos o de cualquier índole. Cuando las personas pierden sus viviendas y se ven obligadas a abandonar sus lugares habituales de residencia, se reducen las posibilidades de que puedan ejercer y pedir se hagan vigentes sus derechos humanos”, señaló al presentar el estudio denominado Presupuesto Público y Derechos Humanos.
González Pérez pidió a la autoridad federal y estatal desarrollar proyectos integrales de reconstrucción sustentados en conocimientos técnicos y que tengan garantizados los recursos para su implementación.
lsm
