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Para él la justicia transicional es un proceso que se activa al término de un periodo de violencia, pero en México sigue viva, por lo que su proceso será diferente a lo que se ha visto en otros países.
“La comisión de la verdad estaría operando en un esquema en el que el crimen está vigente; de repente el rol será la recopilación, hasta donde sea posible, de información y el análisis de causas”, afirmó.
Quinteros renunció al cargo de director de desaparecidos el 26 de diciembre de 2017, dos días después de que Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori.
—En Perú la situación de conflicto terminó en 2000, cuando inició un proceso de justicia transicional, de recuperación del sistema democrático, y también de recuperar la institucionalidad, porque el término del conflicto coincide con la caída del régimen del presidente [Alberto] Fujimori, precisamente por múltiples actos de corrupción.
Es en ese proceso cuando se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿para qué?, para darle voz a todo aquello que estaba guardado en el secreto forzado, porque la ley de impunidad y las leyes de amnistía bloquearon toda posibilidad de investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el periodo [de la administración del presidente Fujimori].
—La justicia transicional es un proceso que se activa al término de un periodo de violencia. Dicha herramienta tiene básicamente cuatro elementos: verdad, justicia, reparación y, finalmente, medidas de no repetición o reformas institucionales. Son cuatro elementos de justicia transicional, entendiéndola como un periodo que se inicia luego de una etapa en la que hubo graves violaciones o crímenes contra los derechos humanos.
—Alberto Fujimori, en 1995, aprobó las leyes de amnistía, una relacionada a la otra. La primera era dándole el perdón a todos los que estuvieran comprometidos en actos de violaciones a los derechos humanos o crímenes cometidos en el contexto de la violencia, y la segunda era que no se podría cuestionar la primera ley.
En México tendrían que analizar caso por caso, una amnistía general es un mecanismo de impunidad.
Un caso por caso, aunque también es controversial, ¿en qué favorece a la verdad y a la justicia? Esa es la pregunta.
—Lo que puede haber en común es que hay una situación de violencia que impacta negativamente al país y a sus ciudadanos, genera terror, ahuyenta la inversión, genera atraso y subdesarrollo.
En Perú hay una situación distinta a la de Argentina, a la de Chile, a la de Guatemala.
—Aquí [en México] se trata de una lucha contra el crimen organizado cuyos fines son estrictamente lucrativos, búsqueda de riqueza ilegal. Importa el dinero y las lealtades. El asunto allá es distinto, la lucha del Estado es contra el crimen.
Los casos comparables fueron terminando un periodo, con los remanentes, cuando ya no son lo que fue. Pero qué pasa cuando la violencia está viva. Si es difícil ganarse la confianza con las víctimas cuando ya terminó todo, ¿cómo es cuando todavía no acaba? Es mucho más complicado.
Hay que fortalecer oficinas como Protección de Víctimas y Testigos; esa unidad tiene que redoblar sus presupuestos o sus formas de trabajar, porque es distinto: el temor está vigente, el terror se mantiene. Probablemente no sea una comisión de la verdad como la conocemos, pero la intención va a ser la misma.
—La violencia está viva. No se puede hablar de una justicia transicional que tenga como supuesto el término de una etapa, sino que estamos en un periodo vigente de violencia.
Lo que sí es factible, pensando en una etapa de transición posterior, es buscar la manera pronta de que no se pierda la información y quede algún registro [de los actos violentos].
—Yo pienso que un grupo de trabajo dedicado a recuperar y consolidar todas las fuentes de información que dan cuenta de lo que ocurre y lo que ha ocurrido desde hace años atrás es un insumo valioso para una comisión de la verdad, que puede instaurarse cuando este gobierno y este país logre solucionar los problemas de criminalidad que hay actualmente [en todo el territorio nacional].
—Las comisiones de la verdad, tras un periodo culminado de violencia, son de nueve meses a dos años. Aquí [en México] la comisión de la verdad estaría operando en un esquema en el que el crimen está vigente; de repente el rol será la recopilación, hasta donde sea posible, de información y el análisis de causas, según lo que puedan obtener [las autoridades de México].
[La creación de] la comisión [de la verdad] le daría coherencia al relato, porque el interés es del Presidente de la República [de México], no sólo de los gobernados.
