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En el documento, el presidente recomienda que se reinstale a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados y también que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, es decir que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso oponiéndose a la reforma educativa.
"La Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentran en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas, así como retirar las imputaciones legales legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio", precisa el memorándum.
También ordena indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores.
Finalmente, exhorta a maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio jurista de que "nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho".
El presidente sostuvo en el documento que las reformas estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el llamado periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social.
Sostuvo que la reforma educativa de la administración pasada, no se ha traducido en una mejora de la calidad de la educación.
Señaló que las modificaciones legales fueron impuestas mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional. "Eso ha causado una indeseable polarización de la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional", indica.
