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El presidente de la Unión de Productores de Energías Renovables del Istmo (UPERI), Porfirio Montero Fuentes, señala que los campesinos se preparan para dar una nueva batalla legal “porque a los inversionistas no les gusta compartir sus ganancias y quieren todo para ellos”.
Los dueños o representantes de la mayoría de las eólicas en Juchitán, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio “criminalizan y reprimen a los dueños de la tierra ante cualquier reclamo y ahora, para este 2023, quieren que paguemos los impuestos que les corresponden”.
Una fuente cercana a los empresarios explica que aunque ellos han pagado los impuestos, “esos pagos les corresponden porque son los que rentan las tierras, son los dueños, pero podemos revisar los contratos”.
La vida en una comunidad con parques eólicos ha generado múltiples beneficios, admite Sonia Luis Gallegos, edil de San Dionisio del Mar.
“Sí estoy arrepentida de haber rechazado entre 2014- 15 y 16 la instalación y operación de un parque eólico en San Dioniso del Mar.
Entonces, formaba parte de la Asamblea Comunitaria de San Dionisio del Mar que se opuso, quizá por falta de información, por ignorancia o por molestar. Ahora quisiera que a mi pueblo lleguen los apoyos”.
Por su parte, Juan Jesús Martínez, presidente municipal de Unión Hidalgo, donde sigue pendiente la continuación de un parque eólico de la empresa EDF, precisa que frente a todos los proyectos eólicos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe realizar una consulta genuina, acorde a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la actualidad, por cada mega producido las eólicas pagan 15 mil pesos anuales por concepto de Protección Civil, es decir, unos 45 millones de pesos que finalmente llegan a cinco municipios del Istmo.
