Juchitán de Zaragoza. – La casa donde vivía doña Nancy Pineda, aún tiene el techo derruido, las paredes fracturadas y el piso quebrado, a consecuencia de los
sismos registrados en septiembre de 2017; a pesar de que desde entonces la vivienda dejó de ser habitable, ella aún sigue en espera de que la apoyen con la reconstrucción.
Doña Nancy es una de las 4 mil 341 personas damnificadas de Juchitán, región Istmo de Tehuantepec, que tuvieron daños parciales en sus viviendas y que fueron censadas tanto por el gobierno federal como por el estatal, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, y que se quedaron sin los apoyos que debieron ser entregados por la administración oaxaqueña, a través de la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi).
Hace cuatro años, tras los daños dejados por el terremoto de intensidad 8.2 del 7 de septiembre de 2017, el gobierno federal entregó 15 mil tarjetas con 120 mil pesos cada una, para construir 7 mil 400 viviendas nuevas.
Al mismo tiempo, otorgó 7 mil 600 tarjetas con 15 mil pesos cada una, con el fin de reparar 7 mil 600 casas que tuvieron daños parciales.
Sin embargo, por diversas razones, poco más de 5 mil personas damnificadas fueron excluidas de este beneficio.
No fue sino hasta 2019 cuando el gobierno federal apoyó a 839 personas cuyos inmuebles registraron daños totales; no obstante, quedó bajo la responsabilidad del gobierno estatal el atender las demandas de las 4 mil 341 personas restantes cuyas casas tuvieron daños parciales, sin que recibieran apoyo gubernamental alguno.
Don Rafael Luis es otro de los miles de juchitecos damnificados cuyas viviendas resultaron con daños parciales tras los sismos y que esperan el apoyo del gobierno oaxaqueño.
El campesino de 53 años dejó de vivir en su casa, fracturada por los sismos. Fue visitado por personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y de la Cevi.
Pero tras la atención de los servidores públicos, la ayuda de 15 mil pesos para reparar los daños dejados por los terremotos nunca llegó.
La señora Nancy, como Rafael Luis, forman parte desde hace unas semanas de un Comité de Vecinos del Segundo Censo y Damnificados de los Sismos, presidido por Armando Pineda, quien apenas a mediados de diciembre pasado encabezó una protesta en la capital oaxaqueña, organizada para reclamar al gobierno estatal el pago de los apoyos.
En Oaxaca, dice Armando Pineda, “nos atendieron, pero no nos gustó la respuesta que dieron las autoridades. Nos están ofreciendo un apoyo para daños menores, ya no de daños parciales, de mil 500 pesos a 5 mil pesos.
“No podemos aceptar esa propuesta, si tan solo un camión de arena cuesta 2 mil pesos. Es una grosería, una falta de respeto”, expresa.
Hace cuatro años, semanas antes del terremoto del 7 de septiembre, la construcción de un metro cuadrado en esta ciudad istmeña tenía un costo de entre 3 mil y 4 mil pesos. Si se consideran estos costos, para que las personas que perdieron totalmente su vivienda construyeran un espacio de 200 metros cuadrados, como suele ser el tamaño de las casas tradicionales de Juchitán, se habrían requerido en ese tiempo entre 600 mil y 800 mil pesos.
No obstante, el gobierno solo les dio 120 mil pesos .
“Ahora, con 5 mil pesos, ¿qué podremos hacer?”, se pregunta Armando Pineda.
Este hombre recuerda que, en los meses posteriores al terremoto, el gobierno federal ofreció inicialmente 30 mil pesos para daños parciales, pero después solo pagaron 15 mil. Cuatro años después, señala, las autoridades estatales están proponiendo una reclasificación a daños menores.
“¿De dónde sacaron esa categoría?”
El año 2022, comenta Armando Pineda, será crucial para las familias damnificadas porque según el presupuesto de la federación, dice, ya no habrá apoyos más adelante para el programa de reconstrucción.
Por esa razón, advierte, “cerraremos carreteras de Oaxaca, e iremos a la Ciudad de México, a decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos falta la ayuda”.
Doña Guadalupe explica que su hermana Nancy no ha podido reconstruir su vivienda dañada por el sismo de 2017 por falta de recursos económicos.
Antes del terremoto, Nancy vendía ropa típica; después con la pandemia por Covid-19 que inició desde 2020, se dedicó a lavar ajeno, debido a que las ventas cayeron.
Con un ingreso inestable y bajo, debido a causas ajenas a su voluntad, si antes le resultaba difícil reparar su casa, ahora la tarea parece imposible.
Por su parte, don Rafael, un campesino que sobrevive de la venta de su cosecha de maíz, cuando se logra, dice que todavía espera que ahora sí le cumplan con sus necesidades.
“Me pidieron mi nombre, tomaron fotos de la casa dañada y ahora esperamos que nos cumplan. Yo, como campesino, sin sueldo fijo, no tengo dinero para arreglar la casa”, plantea, directo.
Hay mucha gente bajo esas circunstancias, dice el presidente del comité de vecinos, quien está convencido que en las protestas de enero de este 2022, se sumarán cientos de personas que necesitan del apoyo gubernamental para que cuenten con una vivienda digna.
“Ahí estaremos e iremos a la Ciudad de México”, declara.
