Capulálpam.– Más de 70 organizaciones de los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y de la Ciudad de México exigen protección para el pueblo de Capulálpam de Méndez, luego de que las autoridades agrarias fueran agredidas a principios de diciembre por el personal de minera Natividad y Anexas, S.A. de C.V, filial de la canadiense Continnum Resources LTDl.
A través de un comunicado, distintas organizaciones exigieron a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aplicar los protocolos de Acuerdo de Escazú, para las personas defensoras del territorio en la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, tras sufrir agresión.
El artículo 9 del Acuerdo establece que se debe garantizar un entorno seguro “para que las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas”.
Además, entre los objetivos de este instrumento vinculante está garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Y es que el pasado 06 de diciembre de 2024, el comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam, Francisco García sufrió una agresión física de parte de policías municipales de la comunidad de Natividad y trabajadores de la empresa minera “Natividad”, luego de detener por tercera ocasión en Capulálpam un camión volteo cargado de mineral extraído ilegalmente por la empresa Natividad y Anexas, S.A.
El ataque ocurrió cuando el presidente de bienes comunales detuvo el camión con mineral, lo que molestó al personal quienes auxiliados por los uniformados municipales golpearon la unidad del comisariado quebrando todos los cristales y agrediendo físicamente al presidente de Bienes Comunales.
“Nuestra lucha y defensa no es reciente, hay denuncias contra la minera que ha dañado no sólo nuestro territorio, también nos ha dividido socialmente”, han dicho las autoridades de Bienes Comunales de Capulálpam, tras la detención por segunda ocasión de material mineral extraído de manera ilegal.
En este contexto, las organizaciones como la Red Nacional indígenas (RNI), Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Desarrollo Agropecuario A. C. (CEDESA – Guanajuato), Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), Consejo Indígena de Xonacatlan (Jalisco), Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA – México), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Radio Cuenca de la Independencia – Guanajuato-, entre otra decena de organizaciones.
Cabe recordar que el pasado 07 de junio, las autoridades de Capulálpam interpusieron un recurso legal ante las instituciones correspondientes, mismos dieron a conocer que fue admitida la clausura de manera oficial el pasado 05 de agosto, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acompañados por la Guardia Nacional.
Sin embargo, la minera Natividad y Anexas, S.A. de C.V. sigue operando fuera de las leyes, lo cual ha sido evidenciado por tercera ocasión.
En este sentido, las organizaciones, cuestionan: ¿Dónde está la aplicación del acuerdo de Escazú para estos casos? “Sabemos que la comunidad de Capulálpam ha actuado siempre de manera pacífica y lo seguirá haciendo, por tal razón no podemos quedar callados cuando se les imputan falsos delitos a sus habitantes con la finalidad de criminalizarlos”.
Exigen a las autoridades de los gobiernos federal y estatal a intervenir en lo que corresponde a sus atribuciones protegiendo a los defensores de Capulálpam como se establece en el Acuerdo de Escazú, y con pleno respeto a sus derechos como comunidad indígena y agraria.
