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La empresa minera canadiense Fortuna Mining Corp anunció que concretó la venta de la compañía Minera Cuzcatlán con operaciones en la comunidad de San José del Progreso, tras 13 años de explotación de oro y plata; las razones, el aumento en sus costos operativos y el agotamiento de las reservas minerales.
Pero atrás, Fortuna Mining Corp dejó a una comunidad oaxaqueña dividida entre los que se oponían a la minera y los que estaban de acuerdo con la extracción de sus recursos, y heridas abiertas en la población por el asesinato de activistas ambientales y opositores al proyecto minero que continúan en la impunidad.
Activista opositor fue asesinado
El 15 de marzo de 2012 fue asesinado Bernardo Vásquez Sánchez. El Tsuru conducido por el activista llega al crucero vial de Santa Lucía Ocotlán, donde las boyas colocadas sobre la carretera federal le obligan a bajar la velocidad, otro vehículo le da alcance y quienes viajaban en él detonan armas de fuego.
Con 28 años de edad, Bernardo Vásquez acababa de terminar su carrera como ingeniero agrónomo en la Universidad de Chapingo y desde 2010 había destacado como el principal dirigente opositor a la instalación de la minera Cuzcatlán, en el territorio de San José del Progreso, municipio de la región Valles Centrales de Oaxaca.
En ese atentado, también resultó herida de bala la activista Rosalinda Dionisio Sánchez, quien viajaba en la parte trasera. Una de las heridas, con una bala expansiva de nueve milímetros, en la pierna derecha le destrozó los tejidos, arterias y le hizo perder la mitad del músculo; la segunda, en el hombro de su brazo izquierdo.
En agosto de 2002 el Gobierno federal otorgó a la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, cuatro concesiones mineras: Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III por un periodo de 50 años y con una extensión de 702 hectáreas, para la explotación principalmente de oro y plata que se encuentra en las tierras de San José del Progreso.
Los permisos y desconocimiento de la población
Cuatro años después, en el año 2006, la empresa empieza a sostener reuniones con las autoridades municipales para obtener los permisos de exploración y, paralelamente, suscribe contratos de arrendamiento con algunos ejidatarios para el uso de parcelas, aproximadamente 30, a cambio del pago de 200 mil pesos anuales por 30 años.
Nunca hubo un proceso de consulta. La mayoría de la población desconocía los trabajos que se estaban realizando sobre esas parcelas e incluso llegaron a creer que se hacía la perforación de un pozo profundo para extraer agua del subsuelo.
Un pueblo amenazado que buscó respuestas
A finales de 2008, se enteran por rumores de que es una empresa minera la que está trabajando en esa zona. Empiezan a solicitar información, la cual nunca se les entrega y por ello, deciden hacer una marcha desde el centro de San José del Progreso hacia el lugar donde estaban trabajando las máquinas de la empresa. Ese día, también deciden instalarse en plantón en la entrada a las instalaciones de la minera, entonces cercada con una valla de metal.
La protesta se prolongó hasta el 6 de mayo de 2009, cuando arribaron alrededor de mil 500 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado, para implementar un operativo de desalojo violento de un plantón en el que prevalecían mujeres.
El operativo fue solicitado por el entonces presidente municipal de San José del Progreso, Oscar Venancio Martínez Rivera, y avalado por autoridades de municipios del distrito como Ejutla de Crespo, San Dionisio y Ocotlán de Morelos, bajo el argumento de hacer valer el derecho al libre tránsito, cuando en realidad hay dos accesos a la comunidad.
Pero la resistencia continuó pese a todo. Lo que en un principio inició como un reclamo de información y consulta, siguió para demandar la salida de la empresa minera de este municipio no sólo por las afectaciones al medio ambiente, sino porque se había violado el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad, así como su derecho a la libre autodeterminación. Surgió la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), dirigida por Bernardo Vásquez.
Sobornos, amenazas y homicidios
Con la intención de diluir a la oposición, la empresa recurrió primero a un sistema de sobornos y luego a las amenazas, al hostigamiento, a la violencia y presumiblemente al homicidio de quienes se oponían a su operación. La violencia se acentuó entre los años 2010 y 2012. Estas estrategias provocaron la división entre la misma población de San José del Progreso, quienes estaban a favor y contra de la mina, y la consecuente destrucción del tejido social.
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En junio de 2010 es asesinado el presidente municipal Oscar Venancio y el regidor de Salud Misael Hernández, y resultaron heridos un sacerdote y dos personas más, en un supuesto enfrentamiento con opositores a la mina. Durante los hechos fueron detenidas 10 personas que posteriormente salieron libres tras demostrarse que no participaron en el homicidio. Algunos testigos señalaron como el autor material del doble homicidio al propio escolta del edil, identificado como Alberto Mauro.
Dos años después, en enero de 2012, es asesinado Bernardo Méndez, cuando intentó impedir que continuaran con las obras para conectar a la empresa a la red de agua potable pública; después, el atentado el 15 de marzo de 2012 en el que es asesinado Bernardo Vásquez, y son heridos de bala su hermano Andrés Vásquez y Rosalinda Dionisio, activista y miembro de la Copuvo.
Se quedó la división social
De acuerdo con Rosalinda Dionisio, la división social en la comunidad se refleja en las líneas imaginarias sobre la división del territorio o de los espacios públicos entre quienes están a favor y en contra de la minera. Ahora se hacen dos fiestas patronales y hay dos iglesias porque la empresa les construyó una nueva a quienes la apoyan.
“Fue el dinero y las amenazas: o te quedas aquí o te mueres. Otros daban trabajo en la empresa. Quienes empezaron a tomar ese rol (a favor de la empresa) fueron personas que se habían ido a trabajar a Estados Unidos (…) pero que se regresaron por el trabajo pesado y vieron que trabajar en la empresa era ganar dinero fácil, porque les pagaban por cuidar ahí en la mina.
“Se dividieron familias, hermanos, primos, tíos. Muchos dijeron, no nos vamos a meter en pedos, pero muchos sí se involucraron con la empresa”.
