La Federación Nacional de Estudiantes Rafael Ramírez (FNERRR) de Oaxaca denunció que las autoridades municipales de Miahuatlán de Porfirio Díaz, los despojaron del albergue estudiantil “Dr. Juan Manuel Celis Ponce”.

De acuerdo con la organización, el inmueble estaba en comodato por un periodo de 99 años tras haberse construido gracias a la lucha y gestión que realizó en colaboraciones con otras organizaciones de la sociedad civil.

El albergue estudiantil, explicó Anahí Martínez, dirigente de la FNERRR en Oaxaca, daba alojamiento a estudiantes de bajos recursos económicos.

Alrededor de las 5:30 horas de la tarde de ayer 26 de abril de 2025, relató, policías municipales enviados por César Figueroa Jiménez, actual presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, desalojaron a los jóvenes del edificio y los dejaron en el desamparo y sin sus pertenencias.

“Esta acción se da luego del acoso iniciado por el actual presidente municipal, desde que era candidato; y que hoy, con el uso de su poder político violentó el acuerdo sobre el albergue estudiantil ‘Dr. Juan Manuel Celis Ponce’ debido a que dicho bien inmueble estaba en comodato por 99 años, luego de haberse construido gracias a la lucha y gestión de la FNERRR y de organizaciones civiles”, recalcó.

La construcción del albergue, puntualizó, se logró con la participación municipal, estatal y federal y “ahora de manera ilegal se lo quiere adjudicar el presidente municipal”.

Anahí Martínez señaló que el acuerdo sobre la permanencia en el albergue era un compromiso de años, en el que se dijo se apoyaría a los jóvenes del albergue a dotarlos de servicios de biblioteca, comedor y sala de cómputo y “en vez de eso, reciben intimidación y despojo tras la llegada del actual munícipe”.

La dirigente de la FNERRR pidió la intervención del Gobierno del Estado con base a derecho, que se les restituya su albergue y que los gobiernos de los tres niveles doten de subsidio al albergue para su comedor, así como los servicios de biblioteca, sala de cómputo, pago de los servicios de internet, luz eléctrica y demás para que puedan realizar sus estudios.

“Como un derecho humano consagrado en pactos internacionales, de lo contrario, realizaremos movilizaciones locales y nacionales y recurrirán a las instancias judiciales”, manifestó.

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