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El edil y las otras tres personas fueron llevadas por la fuerza a Estanzuela Grande, donde permanecen privados ilegalmente de su libertad. Itzel Guzmán también responsabilizó de estos hechos a la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), quienes tienen el control político de las comunidades de Estanzuela Grande y Río Tigre.
El 20 de mayo de 2024, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de las cuatro personas secuestradas, y principalmente a favor del presidente municipal Arturo Guzmán, quien padece una enfermedad cardiaca. En la medida cautelar, el organismo pide la intervención de los Servicios de Salud de Oaxaca para que brinde atención médica inmediata a las personas privadas de su libertad.
Sin embargo, ni el gobierno de Oaxaca ni los Servicios de Salud han acatado la medida cautelar emitida por la DDHPO; al contrario, han anunciado determinaciones con las que ponen en riesgo la integridad de las personas secuestradas, según afirmó Itzel Guzmán.
La hija del presidente municipal de La Reforma recordó que el pasado 12 de junio de 2024 el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que iniciarán con un proceso para desaparecer poderes en La Reforma, Putla Villa de Guerrero.
Para Itzel Guzmán, este proceso es ilegal porque se atenta contra los derechos humanos del presidente municipal y de los habitantes de La Reforma, porque no se está ante una situación de ingobernabilidad, sino ante un delito como lo es el secuestro y la privación ilegal de la libertad de cuatro personas por un grupo armado.
“En lugar de liberarlo y castigar a los responsables, se pretende desconocerlo y con ello, se le pone más en riesgo. Este hecho violenta los derechos consagrados a la vida, a la integridad personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Convención Americana en Materia de Derechos Humanos, entre otros, por la gravedad de la situación y del daño irreparable.
Itzel Guzmán y su madre Rocío Ignacio Vásquez exigieron al Gobierno de Oaxaca que cumpla con las medidas cautelares emitidas por la DDHPO, que se judicialice la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado contra quienes resulten responsables del secuestro del presidente municipal de La Reforma, Putla Villa de Guerrero, y de otras tres personas.
También exigieron que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud del Gobierno de Oaxaca brinden de manera inmediata atención médica; y se pronunciaron en contra de las declaraciones de Jesús Romero con las que busca desconocer los poderes en ese municipio, “porque no hay ingobernabilidad, sino que existe un delito que se debe investigar y castigar”.
