Oaxaca de Juárez.— Este miércoles, habitantes de San Jerónimo Sosola denunciaron que el edil de este municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, Elí Martínez López, ha ejercido abuso de autoridad para desviar la construcción de un camino rural del programa federal a cabeceras municipales, para que éste beneficie la zona donde vive.
En conferencia de prensa frente al palacio de gobierno de la ciudad de Oaxaca, Amelia Gómez Durán, presidenta de Ecología del municipio, informó que San Jerónimo Sosola fue seleccionado dentro del programa de construcción de caminos de acceso a cabeceras municipales, por el cual se pavimentarán 14 kilómetros, sin embargo, acusó que el presidente municipal desvió un tramo para favorecerse.
En compañía de representantes de las agencias municipales San José Sosola, San Juan Sosola, Llano Verde y El Progreso, señalaron que un tramo que debía ser pavimentado es el de la agencia de Minas a Llano Verde; sin embargo, acusaron que el edil lo desvió a la agencia de Ojo de Agua para beneficiar la zona en donde vive.
Amelia Gómez detalló que en una primera etapa se dieron 14 millones 200 mil pesos, y de cuatro kilómetros a pavimentar, dos kilómetros fueron desviados por él para beneficiar la zona donde vive, lo cual, agregaron, también representa malversación de recursos del programa federal.
Ante esta situación, mencionó que dieron aviso al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin embargo "ha sido omisa", pues afirmó que ha ignorado su denuncia, por lo que consideran que existe contubernio con la autoridad municipal.
Incluso, agregó que el edil creó una asamblea para este proyecto, sin consulta previa de la población, en la que nombró como tesorera a la contralora municipal para simular el consentimiento de las comunidades de San Jerónimo Sosola. "No es justo que pisoteen nuestros derechos, las agencias no firmaron en esa asamblea simulada", recalcó.
Y apuntó que como represalia sobre las agencias que han rechazado las acciones del edil, ha recortado los recursos del ramo 28 de manera arbitraria, y no ha querido dar una explicación sobre este tema. Por ello, exigieron la intervención del gobierno federal para que realice una investigación y pidieron que el gobierno del estado haga una auditoría de los recursos.
