Oaxaca de Juárez.— La presidenta de la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios del Congreso de Oaxaca,
Lizbeth Anaid Concha Ojeda, abrió la posibilidad de iniciar un procedimiento de revocación de mandato al presidente de
Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, por el asesinato del joven
Diego I. P. a manos de la policía municipal.
Lo anterior, durante una reunión que los diputados locales sostuvieron con estudiantes de la Universidad Anáhuac, quienes previamente marcharon y protestaron para exigir que no haya impunidad en este caso y para demandar la destitución del edil.
Diego I. P. era estudiante de la Universidad Anáhuac, y la madrugada del 31 de agosto de 2024 fue asesinado por policías municipales de Santa Lucía del Camino en un operativo alcoholímetro. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado ha reportado la aprehensión de dos policías que participaron en este homicidio; mientras que algunos mandos policiacos han sido destituidos y otros renunciado.
La legisladora Concha Ojeda adelantó que si se hacen llegar todos los elementos a la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios del Congreso de Oaxaca, podría iniciarse el proceso de revocación de mandato al edil de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, por una violación a los derechos humanos.
Sin embargo, dijo que primero deben revisar todo el marco jurídico para ver hasta donde pueden intervenir como diputados y que esto no vuelva a suceder.
“Además del exhorto, es un momento para revisar todo lo que está sucediendo alrededor, por supuesto que si nos hacen llegar todos los elementos a la comisión, podríamos revisar si inclusive puede configurarse por una violación de derechos humanos una revocación de mandato, que no se quede solamente en el exhorto”, declaró ante los estudiantes de la Universidad Anáhuac.
Adicionalmente, opinó que es el momento en que los legisladores y en el Congreso de Oaxaca analice y tome acciones en relación a todo lo que ocurre alrededor de este asesinato, como la regulación de los alcoholímetros y la revisión de los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad pública.
Concha Ojeda, por ejemplo, reveló que muchos de los ayuntamientos que realizan operativos alcoholímetros con sus cuerpos de seguridad pública municipal, no tiene contemplados ni los operativos alcoholímetros ni las sanciones que cobran, dentro de sus leyes de ingresos. Esto, implica, que durante años han impuesto sanciones, multas y cobros, ilegales y fuera de un control o fiscalización.
“Regular el tema de los alcoholímetros. No todos están dentro de su ley de ingresos”, señaló la legisladora.
