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A través de un comunicado, la organización civil en defensa de derechos humanos explicó que desde el pasado 19 de julio, durante una reunión virtual que sostuvieron funcionarios del ayuntamiento de Tuxtepec, resolvieron sancionar con 2 UMAS (173 pesos) y/o arresto hasta por 36 horas a las personas que no porten cubrebocas.
Esta medida, aseguró, resulta preocupante ya que se trata de acciones drásticas y violatorias para cada ciudadano en materia de derechos humanos, a pesar de que los integrantes de la administración del ayuntamiento aseguraron estar respaldados en fundamentos jurídicos.
Sin embargo, según el organismo civil, la situación se agrava aún más al no mostrar a la ciudadanía el decreto que mencionaron sobre sanciones por no usar cubrebocas, de forma escrita, pública y transparente, tal como lo establecen los artículos 136 de la Ley Orgánica Municipal, y el artículo sexto, párrafo segundo y párrafo A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, señalaron que las autoridades no cuentan con un análisis previo del contexto de la población como para abordarlo desde una perspectiva humana, sino todo lo contrario, “abordaron las medidas desde un punto de vista urbano, desde los privilegios, sin tomar en cuenta a las personas en situación de calle, las mujeres madres de familia que muchas veces prefieren comprar el cubrebocas para sus hijos y no para ellas".
Así también, mencionan que no consideran a comunidades indígenas, “ya que personas de diversas zonas rurales acuden al centro de la ciudad de Tuxtepec a hacer compras, recibir atención médica o vender sus productos, personas que tienen que elegir entre comprar un cubrebocas o comprar sus alimentos […]; su población está conformada por personas que hablan mazateco y chinanteco, por lo que pudieran no entender las medidas que ni siquiera han sido claras”, declararon.
“Al no emitir un documento oficial ante la ciudadanía tiene como consecuencia que las medidas carezcan de validez y que cualquier multa o detención que se llegue a realizar sea condenatoria en materia de Derechos Humanos, al no contar como ya se mencionó con un análisis previo e integral de todas y todos los habitantes del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec”, explicó.
Finalmente, también señaló que resulta preocupante que durante las detenciones de hasta por 36 horas las personas estén expuestas a situaciones de riesgo de contagio en la prisión preventiva pues en ningún momento se menciona que protocolos se van a seguir para salvaguardar la salud.
Y recalcó que la falta de un sustento jurídico para detener a las personas puede llevar al gobierno a incurrir en detenciones arbitrarias ya que en ninguna Ley o Tratado internacional se penaliza que el no usar cubrebocas sea un delito; por lo que las medidas tomadas por el Cabildo tuxtepecano las llamaron “un abuso de autoridad, porque no son la institución correspondiente ni competente”.
Hasta el momento, de acuerdo con el último reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), suman 10 mil 61 casos por Covid-19 en la entidad, y 918 muertes relacionadas a éste. En San Juan Bautista Tuxtepec se reportaron 15 casos nuevos durante el último día, sumando ahora mil 96 casos.
De esta manera, los SSO reiteran respetar el llamado que este domingo hizo el gobernador Alejandro Murat a los habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec así como de la Cuenca del Papaloapan, a que se mantengan en confinamiento total voluntario, pues comentó que la emergencia aún continúa en un punto álgido.
