Autoridades municipales y comunales de San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ayuujk (mixe) de la Sierra Norte de Oaxaca, exigieron la intervención inmediata de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para la resolución del conflicto limítrofe que los mantiene sin acceso al agua potable desde hace dos años, lo anterior luego de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El sábado 17 de agosto, unos 50 habitantes de Ayutla interceptaron y retuvieron el convoy presidencial a su regreso de la comunidad de Villa Alta, para pedir la intervención del gobierno federal en la pugna que mantienen con Tamazulápam del Espíritu Santo, comunidad vecina que les disputa 200 hectáreas de tierras comunales donde se asienta el manantial que abastece a Ayutla de agua potable.
Tras dialogar, el Presidente prometió que el Gobierno estatal acudiría a Ayutla para reconectar a la comunidad al agua potable, y de no alcanzarse solución, comisionaría a Sánchez Cordero para que atendiera la problemática.
Este martes, en conferencia de prensa, el gobernador Alejandro Murat informó que no existen las condiciones para la reconexión de Ayutla y que se continuaría con el diálogo entre ambas comunidades.
Aseguró que desde 2017 se han mantenido 62 mesas de trabajo con los involucrados y explicó que mientras que Ayutla acepta que Tamazulápam acceda al manantial siempre que sea a través de un cárcamo de bombeo y no por infraestructura de gravedad, que forzosamente debe invadir más de sus tierras y que es la exigencia de su vecino contra la cual existe un amparo.
En un comunicado, las autoridades de Ayutla informaron que el lunes fueron citadas en el Palacio de Gobierno para una nueva negociación en la que las autoridades de cada comunidad no dialogaron ni estuvieron juntas en la misma sala.
Lamentaron que no se cumpliera la promesa de la reconexión y que se pidiera la anuencia de Tamazulápam para hacerlo, a quienes califican como sus agresores; además, calificaron la privación del agua potable como "un acto de tortura" para que cedan sus tierras.
También cuestionaron que se busque la voluntad de Tamazulápam para la resolución del conflicto, puesto que desde hace dos años esa voluntad no existe y aseguraron que podría pasar medio siglo sin que existiera.
"Indigna también que la postura institucional del Gobierno del Estado sobre una violación tan grave de derechos humanos, afirme que busca una solución basada en la voluntad de las partes siendo que una de las partes usa los delitos. Hemos tratado más de dos años de que Tamazulápam tenga voluntad y palabra y como lo hemos demostrado, no la tienen. La pregunta es ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar a que nuestros agresores tengan voluntad? ¿Está dispuesto el gobierno a esperar otros cincuenta años más hasta que por fin nuestros agresores tengan la voluntad de respetar nuestros derechos?"
Aseguraron que no existe un acuerdo de una mesa de diálogo permanente y rechazaron que en las 62 mesas realizadas durante estos dos años no se hayan alcanzado acuerdos, pero indicaron que éstos han sido incumplidos por la otra comunidad y por tanto exigieron que Sánchez Cordero intervenga.
"Nos hemos dado cuenta que el gobierno del estado protege al que usa la violencia, al que destruye nuestros tanques, al que asesina, secuestra y viola (...) Cumplimiento inmediato a la intervención de la Secretaría de Gobernación", pidieron.
