La tarde de este miércoles, la Secretaría de Energía (Sener) arrancó en Unión Hidalgo la primera fase de la Consulta Indígena bajo los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la construcción y operación del proyecto central eólica “Gunaa Sicarú” promovido por la empresa Eólica de Oaxaca.
En este ejercicio estuvieron Netolin Chaves Gallegos, representante de la Secretaría de Asuntos Indígenas; Juan José Moreno Sada, subsecretario de la Secretaría de Energía; Wilson Sánchez Chevez, presidente municipal de Unión Hidalgo; Norma Reyes Terán, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, y Rodolfo Salazar Gil, director de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Sener.
El proyecto estaría instalado en el municipio de Unión Hidalgo y en La Ventosa, agencia de Juchitán de Zaragoza.
Constará de 115 aerogenadores de 2.625 megawatts cada uno y tendrá una capacidad total instalada de 301.9 megawatts, 26 aerogenadores se ubican en Juchitán y 89 en Unión Hidalgo; dicha central será interconectada a la red nacional propiedad de la CFE, a la red eléctrica nacional por una línea de transmisión de 230 kilovat, con dos circuitos y aproximadamente 8 kilómetros de longitud en Ciudad Ixtepec.
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La consulta se realizó en un salón de fiesta debido a que el de usos múltiples está colapsado aún por el sismo.
Por su parte los grupos opositores al proceso y al proyecto eólico realizaron un mitin frente al palacio municipal para luego marchar hacia el salón donde se llevó a cabo la actividad.
En el mitin, los grupos manifestaron que no existen las condiciones para la consulta porque el pueblo está sumido en el proceso de reconstrucción por el sismo, además de estar en un ambiente de campañas políticas.
En el marco de la consulta, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo presentó una queja ante Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amparo ante Juzgado de Distrito de Salina Cruz, por violaciones a su derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
Para ellos, la consulta no es idónea ni adecuada, pues las prioridades de desarrollo de la comunidad están centradas en el proceso de reconstrucción, labor que no tendría que estar condicionada a la entrada de un parque eólico, ni a que empresas privadas asuman obligaciones del Estado mexicano.
También hicieron hincapié que los procesos electorales local y federal incrementan gravemente el riesgo real de actos de violencia, confrontación, hostigamientos y agresión dentro de la comunidad pues paralelamente el reparto de recursos para la reconstrucción pudiera ser utilizado para debilitar el tejido comunitario.
