La resistencia contra las altas tarifas comenzó hace 11 años en esta pequeña comunidad zapoteca en el Istmo de Tehuantepec. A la distancia, Emilia López Sarabia recuerda cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó con el apoyo de la policía estatal y los soldados.
“Se querían llevar mi medidor que yo compré y por eso, con el cable de luz, que también compré, le pegué al policía que me los quería quitar”, recordó aún con el coraje en el rostro.
Cansados de pagar tarifas de mil 200 pesos bimestrales, cuando antes pagaban 300 pesos, la población se negó a cubrir el costo del consumo de energía eléctrica desde 2008; las huelgas de pago se han generalizado en otras poblaciones del Istmo. Sólo en Juchitán, cerca de mil damnificados por el terremoto de 2017 se han negado a pagar las altas tarifas.
En esa resistencia contra las altas tarifas, hombres y mujeres han pagado con cárcel la osadía de protestar. Betina Cruz Velásquez, activista y fundadora de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo (APII), fue detenida en marzo de 2012, acusada por la CFE de los delitos de privación ilegal de la libertad, y contra el consumo y la riqueza.
“No privé de su libertad a nadie, sólo fuimos a protestar frente a la CFE de Juchitán para exigir la libertad del compañero Filiberto Vicente, de Santa María Xadani, detenido un día antes por agentes federales tras oponerse al pago de las altas tarifas e impedir que personal de la CFE cortara la electricidad en los domicilios”, relata.
“Eran como 20 agentes que viajaban en tres camionetas blancas sin identificación. Me pasearon por Salina Cruz y hasta las nueve de la noche me ingresaron en el penal federal de Tehuantepec; en ningún momento me permitieron comunicarme con mis familiares”, recuerda Betina, quien salió bajo fianza y enfrentó su proceso en libertad durante cuatro años. Fue absuelta de los delitos que le imputó la CFE.
Las injusticias
Santa María Xadani es una comunidad donde las mujeres tienen ingresos de unos 200 pesos al día con la venta del totopo que elaboran desde las cinco de la mañana y los hombres se dedican a la siembra del maíz y a la pesca, que apenas les da para el autoconsumo. “Es imposible pagar las tarifas altas así”, dice Ignacia López, quien recordó que a una de sus vecinas, Juana Zárate, le llegó el recibo de la luz por 5 mil pesos y con sólo tres focos que se prendían tres horas a partir de las siete de la noche.
Filiberto Vicente Aquino, otro vecino, señala que al inicio de la resistencia eran pocos debido a que la gente tenía miedo, pero poco a poco se fueron organizando y cada vez que llegaba la CFE a cortar la luz, con la ayuda de la policía, se anunciaba en las bocinas y los vecinos salían a correrlos.
Actualmente, de una población aproximada de 12 mil habitantes, unos mil usuarios de la CFE están en huelga de pagos.
“Una vez en 2010, en huida, los trabajadores de la CFE atropellaron a un hombre. Dijeron que ayudarían con los gastos médicos, pero todo fue mentira”, platica.
Los señores Antonio Guerra López y Joel Aquino, en casa de Filiberto Vicente, comentan la gran contradicción que se vive en el Istmo. Tras inaugurarse el parque eólico más grande de América Latina, en Juchitán: “Si aquí producimos la electricidad ¿por qué nos cobran altas tarifas? Algo no está funcionando bien”, dice Antonio.
El costo de la lucha
Justamente, en una protesta solidaria con campesinos del municipio de Unión Hidalgo, que se opusieron a la construcción del parque eólico de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos, que suministra electricidad a la empresa Bimbo, fue cuando la activista Betina Cruz fue amenzada de muerte.
“Un tipo, conocido como Ventura Ordaz, me puso la pistola en la cara y me dijo ‘¡aquí te va cargar la chingada!’ Pues no, no me cargó. Eso fue en octubre de 2011, unos meses antes de ser detenida”, recuerda la activista.
“Seguimos en la lucha. Tengo varias medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y aquí seguimos, acompañando a los pueblos a conseguir la condonación de la deuda con la CFE y la reducción de las tarifas eléctricas”, dijo Cruz Velásquez.
Con su casa sin medidor, en huelga de pagos desde hace 11 años, Filiberto reitera: “Nosotros no nos negamos a pagar, pero que sean tarifas justas”, aseveró.
