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La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo Oaxaca (DDHPO) inició una investigación por violaciones a derechos humanos en contra de personas transeúntes, en situación de calle y con problemas de adicciones, durante la Operación Pescador realizado en la Central de Abastos de la capital del estado.
Hace una semana, elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y de la Fiscalía General del Estado realizaron un operativo con el objetivo de detener actividades como el narcomenudeo, el delito de préstamo de dinero conocido como "gota a gota" y robos, pero hasta más del 90% de las personas detenidas eran personas en situación de calle e incluso jóvenes que pasaban por la zona y que fueron detenidos únicamente por su aspecto.
En estas acciones también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.
Algunas personas detenidas fueron llevadas a centros de rehabilitación conocidos como "anexos" que carecen de permisos para operar o prestar estos servicios, y que se encuentran en municipio conurbados y cercanos a la ciudad de Oaxaca.
Las autoridades municipales de esos municipios protestaron y exigieron que se lleven de su territorio a las personas detenidas, y exhibieron la ilegalidad en la que operan esos centros de rehabilitación.
La DDHPO informó que se presentaron quejas presentadas de familiares de personas en situación de calle, con relación a lo acontecido los días 16 y 17 de mayo de 2025 durante la Operación Pescador realizada en la Central de Abasto de Oaxaca y, ante ello, inició los expedientes de queja correspondientes.
En total, agregó la Defensoría, se reportó la remisión de 416 personas a distintos centros, lo cual ha generado preocupación en sus familias, quienes solicitaron la intervención de este organismo autónomo, con el fin de conocer el paradero y condiciones actuales de sus consanguíneos.
El organismo de derechos humanos mencionó que ha solicitado informes oficiales a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, con el objetivo de contar con información clara y precisa que permita dar seguimiento puntual a cada uno de los casos.
"La Defensoría refrenda su compromiso de atender de manera diligente todas las quejas recibidas, salvaguardar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y garantizar que ninguna intervención institucional derive en vulneración de los derechos humanos", finalizó.
