De aprobarse las reformas, Oaxaca se convertiría en el primer estado del país en establecer restricciones constitucionales para violentadores y deudores alimentarios, cuyo número, en este último caso, asciende a 800 mil personas en la entidad, de acuerdo con organizaciones sociales.
La diputada Concepción Rueda Gómez expuso ante el pleno que los grandes retos que tiene Oaxaca por delante exigen tener a las mejores y los mejores servidores públicos; es por ello, dijo, que quienes violentan y lastiman a las mujeres, y quienes abandonan su responsabilidad como padres, no pueden estar en un espacio de poder.
Las reformas propuestas son a los artículos 65 Bis, 101, 113 y 114 de la Constitución. A la fracción V, VI, VII y VIII y a todo el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Las reformas proponen que estas personas no accedan a ningún cargo público, de ningún nivel de los tres poderes del Estado, así como en los órganos autónomos y en los municipios. Aplicarían para las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:
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