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Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
“Nos sentimos tristes, molestos y muy angustiados”, revela uno de los campesinos espinaleños, Francisco Toledo, quien renta parte de sus tierras a Eólica del Sur. De las 5 mil hectáreas que ocupa el parque eólico, mil 800 están en El Espinal, en un polígono de mil 800 hectáreas llamado Xtipa Bii (fuerza del viento).
El resto de parcelas, unas 3 mil hectáreas, forman el polígono Bii Nissa, perteneciente a Juchitán de Zaragoza.
Esperamos, añade Pancho Toledo, como es conocido entre sus compañeros, “que al final el gobierno de México y los empresarios eólicos arreglen sus diferencias, porque de lo contrario nos van a hundir.
“Imagínate, tan solo por renta de mil 800 hectáreas vamos a dejar de ganar unos 30 millones de pesos al año. ¿Quién nos va a compensar ese ingreso si cierra el parque eólico?”, pregunta angustiado el campesino.
La preocupación la comparte el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, quien pide a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía que busquen un punto de equilibrio para cuidar a la nación, salvar los ingresos de los campesinos y de los cinco municipios en donde funcionan los parques eólicos, que de acuerdo con el Memorándum de Entendimiento, suscrito al inicio del actual gobierno oaxaqueño, establece un pago anual de 10 mil pesos por cada megavatio producido.
El presidente municipal de Santo Domingo Ingenio, Germain Alvarado López, en donde la comunidad vivió de la producción de azúcar desde finales del siglo XIX, hasta el año 2012, cuando cerró la factoría, muestra su desazón ante la posibilidad de que la CRE cancele los permisos de autoabastecimiento de los cinco parques eólicos que funcionan en esa localidad y que anualmente propician una derrama económica de 75 millones de pesos.
“Con la reforma eléctrica y la actuación de la CRE, vislumbramos un panorama oscuro y estamos buscando a los diputados de esta región, como José Antonio Estefan y al senador Raúl Bolaños, que son del Partido Verde [Ecologista de México (PVEM)], para que lleven nuestras voces, pero están cerrados. No nos toman las llamadas y parece que ya olvidaron que están ahí gracias a nuestros votos”, señala por su parte el presidente del Comité de Propietarios de Parques Eólicos, Francisco López Chente.
El expresidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Óscar Toral Ríos, confirmó que de acuerdo con su experiencia como constructor y autoridad, las 10 empresas que operan los 25 parques eólicos dejan una derrama de 700 millones de pesos al año en los municipios de Juchitán, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio, en los cuales 10 mil campesinos rentan cerca de 30 mil hectáreas de tierras, que albergan 2 mil 500 aerogeneradores.
Para muchos, dice, quizá podría ser exagerada la derrama de 700 millones de pesos que dejan las empresas eólicas cada año, “pero si consideramos los factores de pago por renta de tierra, por derecho de viento, el pago a los gobiernos municipales por el Memorándum de Entendimiento y obras sociales, la derrama podría ser mucho más.
“Por eso, apelamos a que el gobierno de la 4T, la CRE y los dueños de los parques eólicos lleguen a un acuerdo”, concluye Toral Ríos.
