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“Con ello se vulnera el derecho a la información. Sin embargo, son las propias comunidades y los medios de comunicación quienes han dado a conocer estos siniestros”.
Entre las comunidades afectadas por los incendios forestales mencionaron a Villa Díaz Ordaz, San Pablo Villa de Mitla y San Miguel del Valle, así como otras comunidades de la Sierra Sur, Istmo y Sierra Juárez, en donde la mayoría de sus bosques y reservas naturales han sido consumidas por el fuego.
“De acuerdo con pobladores, sabemos que, a pesar de que las autoridades agrarias se han organizado con sus comuneros para combatir de manera inmediata los siniestros, éstos se han visto rebasados por su magnitud, por lo que las autoridades comunitarias han solicitado el apoyo de las instituciones estatales y federales para conjuntar esfuerzos y poder sofocar los siniestros”.
En un comunicado resaltó que a la fecha los incendios han provocado la pérdida de seis vidas humanas como es el caso de San Lucas Quaviní, y recientemente en San Pedro Cafetitlán, Pochutla.
Así como el desalojo de cientos de personas adultos mayores, mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes quienes abandonaron sus viviendas en la comunidad de EL Chilar, Candelaria Loxicha, luego de que incendio forestal que lleva más de una semana, ha salido de control pone en peligro a pobladores.
Para La Plataforma de Derechos Humanos, la tardía respuesta del gobierno estatal y federal pone en evidencia no sólo una falta de capacidad, sino además una falta de perspectiva para entender como la devastación de la flora y fauna impacta de manera significativa en el disfrute de los derechos humanos de todas las personas.
“Quienes tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, adecuado para nuestro desarrollo y bienestar como lo marca el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que todas las autoridades por mandato constitucional tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo al Artículo 1”.
Además, afirmó que pese año con año aumentan los casos de incendios forestales, el presupuesto destinado para acciones preventivas y de atención se han ido reduciendo por una supuesta política de austeridad republicana.
Es por eso que urgió a contar con instituciones que tengan la capacidad de responder de manera coordinada y eficiente, desde el gobierno federal hasta los gobierno municipales o comunitarios.