Oaxaca de Juárez.– El estado de Oaxaca registra, hasta septiembre pasado, un total de 23 conflictos agrarios considerados de alto riesgo y 51 de mediano riesgo, según datos de la Secretaría de Gobierno (Sego) estatal.
Si se compara con la información del propio gobierno estatal, la actual administración no presenta resultados positivos en la solución de las disputas agrarias más álgidas en el primer año de gobierno de Salomón Jara Cruz.
En su primer informe, el mandatario afirmó que al inicio de la administración se recibió un universo de 294 de conflictos agrarios, de las cuales 23 se consideraban de alto riesgo, 51 de mediano riesgo y 220 de bajo riesgo.
Y hasta septiembre de 2023 se había logrado la solución de 12 asuntos agrarios de los considerados de bajo riesgo.
“Reduciendo a 282 el universo de conflictos existentes en el estado, de los cuales 23 son de alto riesgo, 51 de mediano riesgo y 208 de bajo riesgo”, de acuerdo con datos del Primer Informe de Gobierno entregado a la Cámara de Diputados local.
Entre los conflictos agrarios que han escalado o estallado durante el primer año de Jara Cruz destaca el que existe entre San Miguel El Grande y Tlaxiaco, en donde se disputan hectáreas de bosque y que en mayo pasado derivó en hechos violentos que dejaron tres personas asesinadas y 150 desplazadas de la comunidad de Lázaro Cárdenas.
Otro de los conflictos que se ha recrudecido recientemente es el que mantienen San José Quianitas y Santa María Quiegolani, la cabecera municipal a la que pertenece esta comunidad de la Sierra Sur, que se trata de una disputa limítrofe que en octubre pasado escaló a agresiones y amenazas de grupos armados en contra de pobladores de Quianitas.
En el informe del gobernador también se advierte que a estos conflictos agrarios se suma el hecho de que el estado de Oaxaca actualmente carece de una definición legal y técnica de sus límites con las entidades federativas colindantes de Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz, así como entre los municipios que lo conforman.
“Dicha situación había sido desatendida por las administraciones anteriores, lo cual ha contribuido a que las y los oaxaqueños no tengan certeza jurídica sobre los límites territoriales, provocando problemáticas sociales y jurídicas”, aseguró.
