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Mario Quintero, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), aseguró que el gobierno lejos de asumir su responsabilidad en los efectos de la gentrificación y turistificación, ha descalificado las protestas ciudadanas acusándolas de xenofobia o discriminación hacia personas extranjeras.
Durante el anuncio de un encuentro en Oaxaca para abordar estos temas, sostuvo que estos fenómenos continúan devastando a ciudades, pueblos y territorios, y que son impulsados por políticas públicas deliberadas y profundamente neoliberales.
“Están despojando a miles de personas de su derecho a vivir donde nacieron, desplazando comunidades enteras, encareciendo la vida cotidiana y reduciendo nuestras calles a decorado al servicio de intereses financieros”.
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Acompañado de representantes de otras organizaciones sociales, afirmó que la acusación de xenofobia por parte del gobierno federal busca intencionalmente argumentar que este movimiento está en contra de extranjeros.
Sin embargo, sostuvo que la verdadera cuestión es que la lucha contra la gentrificación y turistificación es un rechazo a un modelo extractivista que convierte el suelo, la vivienda, la cultura en mercancía.
“Por lo tanto, reiteramos que el movimiento antituristificación y antigentrificación reconoce como enemigo y responsable de la situación de encarecimiento y privatización y desplazamiento del espacio urbano como rural a los fondos de inversión inmobiliarios, usureros de las viviendas, las plataformas digitales y los propios gobiernos que legislan a su favor. No se trata de oponerse a los extranjeros para favorecer lo nacional”, dijo.
Para Mario Quintero, el capital no tiene patria y por tanto, los actores internacionales como los nacionales están aliados en este proceso de despojo.
El Estado, explicó, ha impulsado una nueva forma de despojo, folcloriza las culturas originarias, las convierte en atractivo turístico y las vende “al mejor postor”, mientras las propias comunidades son desplazadas o empobrecidas.
“Detrás de estos discursos hay una estrategia clara de mercantilización del indígena, lo comunitario y lo ancestral, usada como envoltorio para traer la inversión sin ningún respeto real por la autodeterminación, el territorio y la vida digna de estos pueblos. Las comunidades indígenas no necesitan ser visibilizadas a través del turismo, sino reconocidas y respetadas en su lucha por la tierra, el agua, la vivienda y la autonomía. No son patrimonio para el consumo, son sujetos políticos”.
Previo al encuentro que se realizará del 16 al 21 de julio de 2025 en Santa María Atzompa, Oaxaca, exigió un fin inmediato de la expansión de megaproyectos “disfrazados de desarrollo”, moratoria a nuevas licencias para alojamientos turísticos en zonas “tensionadas”, reconocimiento de los derechos territoriales de comunidades indígenas y populares, regulación estricta de plataformas como Airbnb y expropiación de viviendas acaparadas por fondos e inmobiliarias.
“Que se deje de utilizar el discurso del odio al extranjero como escudo político para no hablar del verdadero problema al modelo neoliberal de ciudad y territorio. Esta lucha no es nacionalista ni xenófoba, es una lucha por la vida, por la dignidad y por el derecho a quedarse. No es turismofobia, es despojo”, insistió.
