Más Información
Los diputados locales de Oaxaca rechazaron una iniciativa ciudadana en la que se proponía proteger los derechos laborales de las personas indígenas cuando deben, de manera obligada, prestar servicios comunitarios en sus comunidades de origen.
Las personas indígenas tienen que renunciar a sus trabajos para poder cumplir con el sistema de cargos en sus pueblos, algunos de los cuales van de uno a tres años.
Litigio Estratégico Indígena A. C. presentó la iniciativa en la que propone incorporar en la Constitución local la figura de “reserva de plaza” para que los trabajadores, tanto del sector público como privado, no perdieran su empleo al acudir a cumplir sus responsabilidades comunitarias.
El planteamiento responde a una problemática creciente, y que consiste en que muchas personas indígenas que migran a zonas urbanas y laboran en instituciones gubernamentales o empresas privadas, se ven obligadas a renunciar a sus trabajos cuando son llamados por sus comunidades a desempeñar un cargo de servicio gratuito, como parte de los sistemas normativos internos o sistemas de usos y costumbres.
“Estos sistemas tradicionales, esenciales para la organización y vida comunitaria, exigen que los propios integrantes de las comunidades asuman diversos cargos de manera obligatoria. En caso de incumplimiento, los castigos pueden incluir multas, expulsión o pérdida de derechos dentro de la comunidad”, explica Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena.
Esta situación, advierte, coloca a las personas indígenas en una grave posición de vulnerabilidad laboral, y que una reforma constitucional podría armonizar los sistemas normativos con el respeto a los derechos laborales.
Sin embargo, la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales del Congreso local votó en contra de la propuesta, cerrando la puerta por ahora a una posible reforma de avanzada que reconociera la complejidad de la vida comunitaria y los derechos de las personas indígenas en contextos urbanos.
Carlos Morales adelantó que se impugnará la decisión de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales y que se continuará con la defensa de los derechos de quienes deben cumplir con sus cargos comunitarios sin perder su empleo ni poner en riesgo su subsistencia.
