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Este jueves 22 de marzo, día de la Madre Tierra, entra en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional y de América Latina que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
El pacto adoptado el 8 de marzo de 2018 en dicho cantón costarricense, garantiza el acceso a la información, la justicia y la participación pública en asuntos ambientales.
Pero ante todo, explicó el mes pasado la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, “busca evitar que nadie más sea amenazado, atacado o asesinado por defender el ambiente en nuestra región”.
“México ha ratificado el tratado y se ha comprometido por lo tanto a proteger mejor a las personas defensoras de derechos ambientales. Con ocasión de esta entrada en vigor, el gobierno mexicano debe poner fin a la impunidad en Paso de la Reyna e impulsar la investigación de los crímenes”, sostiene la ONG alemana.
De acuerdo con la plataforma integrada por instancias como Centro Franciscano de Desarrollo y Misión, Amnistía Internacional Alemania y Pan para el Mundo, la violencia esta región oaxaqueña detonó a partir de que representantes comunitarios presentaran una serie de demandas contra el modelo de explotación actual del río.
En concreto, presentaron denuncias por “la extracción ilegal de grava en el cauce del río por parte de una poderosa familia que ha ejercido durante generaciones el control político y económico de Santiago Jamiltepec y de amplias zonas de la región costera de Oaxaca”.
La Coordinación Alemana señala que a le fecha no se ha producido ningún avance en las investigaciones, todos los crímenes siguen impunes y la población local se siente abandonada por las autoridades.Patricia Rendón de la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia, afirma que solo una investigación penal consecuente puede terminar con la espiral de violencia.
“Hasta la fecha el Estado mexicano no ha puesto en marcha ninguna medida de protección a pesar de las demandas reiteradas de la comunidad. Las personas ya no se atreven a salir de sus casas y viven atemorizadas por la posibilidad de nuevos ataques”, denuncia.
Brigadas de Paz Internacional (PBI por sus siglas en inglés) teme que la pandemia y los recortes gubernamentales exacerben los abusos contra los defensores de derechos humanos.
Tampoco hay claridad si el Mecanismo de Protección o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas podrá seguir con el mandato de proteger a defensores y a víctimas.
Sostiene que desde el estallido de la pandemia y hasta octubre, fueron asesinados 18 activistas, de los cuales 9 eran defensores del medio ambiente.
